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La desilusión de nuestra democraciaTESTIMONIO | CLAUDIA ALEJANDRA CONTRERAS NAVARRO
El voto despojando afores
La desaparición de siete jóvenes que laboraban en un call center de Zapopan fue vinculada a fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Por su parte, Beatriz Robles Corona, hermana de Arturo (30 años), uno de los desaparecidos, señaló que las víctimas podrían haber sido amedrentadas para no contar las actividades que se realizaban.
“Solamente decirle que no se trata de, digamos, jóvenes que estuvieran en una casa, en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí. Los primeros indicios sí se tratan de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones”, dijo durante la conferencia mañanera de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez revelara el lunes que recurrió a Rodríguez Velázquez debido a que el caso se había vuelto “más complejo de lo que se esperaba”, ayer a la secretaria se le preguntó del tema y si en éste había un vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En respuesta, dijo que se está viendo “exactamente a qué grupo delictivo corresponde, no le puedo decir en este momento”.
Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que su titular, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y la fiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, sostuvieron este martes una reunión en la Ciudad de México con autoridades federales para dar seguimiento, de forma coordinada, a las investigaciones en torno a la desaparición de los siete jóvenes.
A través de redes sociales, la Fiscalía mencionó que este martes se sumó la Fiscalía General de la República (FGR) a las acciones que desde ayer inició con la SSPC a través del Consejo Nacional Antisecuestros (Conase).
En el encuentro estuvieron presentes representantes de la FGR, Conase y las autoridades estatales.
En entrevista con Sonia Serrano para InformativoNTR, Beatriz Robles mencionó que nunca notó una señal de alerta en el empleo de su hermano, lo que la hace pensar que él y los trabajadores del call center pudieron haber sido amenazados.
“No había nada. Justo nos venimos enterando con todo este desarrollo de la investigación. No había un indicio o una alerta, algo que nos dejara saber que él se encontraba en una situación tan compleja como nos lo han mostrado las autoridades. Eso nos hace pensar que él pudiese estar laborando posiblemente amenazado o con la indicación de no reportar o ponernos sobre aviso para protegernos”, declaró.
Las familias de las víctimas, añadió, lo único que sabían es que los jóvenes trabajaban en un call center bilingüe enfocado a la venta de tiempos compartidos. Además, en el empleo tenían poco tiempo.
“El hecho de que se vuelva a victimizar me parece interesante de analizar dado que ni siquiera nosotros como familiares sabíamos en dónde estaban. En el caso de Arturo no teníamos conocimiento de que pudiera estar tan en riesgo como ahora lo vemos”.
Cuestionada sobre las palabras de la titular de la SSPC respecto al caso, Beatriz afirmó que no conocía dicha información. En las reuniones que las familias han sostenido con autoridades estatales no se les ha revelado que el caso podría estar ligado a fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas.
“Es información que el día de ayer que estuvimos en palacio de gobierno y Fiscalía no se nos proporcionó. El dato con el que salí es que me comentaron que ya tenían una línea de investigación preliminar que es fraude telefónico, es toda la información con la que salimos ayer de palacio de gobierno”.
Por último, hizo un llamado a la población a no ser indiferente y exigir a las autoridades que busquen y hallen con vida a sus familiares, pero también a los miles de desaparecidos que hay en la entidad.
El Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) alertó sobre la posibilidad de que haya más personas desaparecidas en torno al caso del call center de Zapopan.
El organismo señaló que el riesgo de que existan más personas ausentes está presente debido a que tiene datos que sugieren que en el negocio laboraban entre 15 y 20 personas. Además, en casos similares los criminales suelen desaparecer a todos o casi todos los empleados del negocio.
Mediante un pronunciamiento, lamentó que esta situación no sea excepcional en el estado y recordó que las desapariciones múltiples son cada vez más frecuentes.
“Muchas de las denuncias (por desaparición) son privaciones de la libertad múltiples, esto es, donde más de una víctima es desaparecida simultáneamente. No se sabe cuántos casos ocurren de este tipo porque el gobierno de Jalisco tiene una política de silencio y opacidad en este tema”.
Como ejemplo, recordó la desaparición de tres jóvenes el 9 de febrero en Zapopan y la de cuatro más en San Sebastián el Grande, en Tlajomulco, el 29 de marzo.
Finalmente, de todo lo anterior hizo responsable al gobierno estatal: “En Jalisco se ha agudizado por una gestión unipersonal, improvisada y atenta sólo a los costos de imagen y no a los resultados; una clase política que ha sido comparsa del desastre y una sociedad civil en general ausente, permisiva y renuente a reconocer la magnitud de la tragedia”. Lauro Rodríguez
El colectivo Luz de Esperanza celebró que el Congreso del Estado haya dado salida a reformas al Código Civil con las que las hijas e hijos de desaparecidos no tendrían trabas para acceder a servicios; sin embargo, recordó que aún hay varios pendientes legislativos por atender.
“Estamos muy contentos de que por fin se mueva algo. Reconocer y actuar en favor de los menores que tienen un padre o ambos desaparecidos es esencial”, comentó el vocero del colectivo, Héctor Flores González, quien recalcó que aún hay pendientes.
Por ejemplo, aún está en la congeladora la iniciativa para dotar de autonomía a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
“La iniciativa para tener una fiscalía independiente, esa no se ha tocado, ni siquiera se ha hablado. Sabemos que toca a muchos actores políticos y hay muchas cosas en juego, pero son los cambios que necesita el estado y que necesitamos para estar de acuerdo a la ley general”. Lauro Rodríguez
jl/I