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Caabsa, impune ante irresponsable manejo de los residuos

(Foto: Especial)

El gobierno de Jalisco y los ayuntamientos metropolitanos no cuentan con protocolos adecuados ante contingencias altamente tóxicas derivadas de incendios de basureros, advierte el colectivo Un Salto de Vida, integrado por activistas de El Salto y Juanacatlán.

Ante el evento de fuego que actualmente se combate en la zona, señalan la negligencia de la empresa Caabsa Eagle SA, concesionaria de la basura, y las omisiones gubernamentales en hacerle cumplir.

El día de ayer, 4 de junio “alrededor de mediodía comenzó un incendio en el vertedero Los Laureles que ya ha alcanzado las partes bajas de la montaña de basura, lo que dificulta que sea sofocado por los más de 100 elementos […] es evidente que el principal responsable es la empresa concesionaria Caabsa Eagle, quién se ha gobernado así misma y que no tiene ningún interés en respetar la vida en los ecosistemas que ha dañado permanentemente, ni en el de las poblaciones aledañas. Caabsa es una empresa criminal que no ha recibido ningún alto por parte de ninguna instancia de gobierno”, aseguran en un comunicado difundido esta tarde.

Al contrario, “el gobierno del estado en los últimos cinco sexenios ha sido cómplice, al igual que los ayuntamientos metropolitanos, dando concesiones ventajosas, autorizaciones en materia de impacto ambiental sin sustento y actualizando los contratos por más tiempo que el que corresponde a sus administraciones. Es el caso de Enrique Alfaro cuando, siendo presidente municipal de Guadalajara, facilitó por 15 años más el control de la basura de la capital tapatía a Caabsa, otorgando reconocimientos en cámaras industriales a la empresa y reiterando su respaldo a la empresa en su operación a pesar de los incendios provocados en Los Laureles y Matatlán y del ineficiente servicio en recolección”.

A pesar de que el 30 de octubre de 2019 “una parte del gabinete le acompañó en el anuncio del cierre de Laureles y de un nuevo modelo de gestión de residuos, no han implementado ninguna política orientada a la integralidad que presumieron. Se sigue buscando la instalación de un relleno sanitario metropolitano, no se prospecta la separación domiciliaria ni se ha generado infraestructura para su procesamiento y, por supuesto, no han cuestionado en lo más mínimo la continuidad de Caabsa como concesionario”, advierten.

Respecto al seguimiento del Plan de cierre y abandono de Los Laureles, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial “ha sido totalmente tibia, pues no existe un avance relevante y adecuado por parte de la empresa y no hay mejor muestra que este nuevo incendio para comprobarlo. Caabsa no cuenta con personal e infraestructura necesaria para una actuación pronta ante este tipo de siniestros y no hay autoridad que les obligue y no va más allá de un supuesto 35 por ciento de avance del programa de abandono que le aprobó la Semadet”.

Ayer a las 18 horas, la Semadet anunció Alerta Atmosférica para Zapotlanejo, Juanacatlán y El Salto, “omitiendo al municipio de Tonalá, donde se encuentra el basurero y las poblaciones más cercanas a este. No fue sino hasta las 21 horas que se declaró la Emergencia Atmosférica sólo para seis colonias de Tonalá, El Salto y Juanacatlán, omitiendo esta vez al municipio de Zapotlanejo”.

La Secretaría de Educación Jalisco declaró que habría suspensión de clases para estos mismos municipios “solo para el turno matutino en un inicio y hace unos momentos lo ampliaron al turno vespertino, a pesar de que el incendio sigue activo y las partículas suspendidas de sustancias tóxicas pueden seguir presentes por más días, lo que debe ser monitoreado y normalizar las actividades hasta que los niveles de contaminantes no representen un riesgo a la salud. Lo anterior evidencia la falta de coordinación y comunicación entre los niveles de gobierno e instancias involucradas, y que, a pesar de la experiencia del incendio en 2019, cuando ocurrió un incendio de mayores magnitudes, la coordinación de los gobiernos sigue siendo nula”.

En ese sentido, “es importante señalar que Protección Civil de los municipios y del gobierno del estado siguen sin contar con protocolos de alerta efectiva a la población, pues su única comunicación es por redes sociales, sin ser específicos del nivel de riesgo que implica la inhalación de este tipo de emisiones. Antes los niveles de toxicidad que representan las dioxinas y furanos emitidos de la combustión de basura, es necesario el perifoneo, brigadas de atención a la salud de la población e incluso la evacuación emergente en las colonias más próximas”.

De la misma manera, “señalamos el nulo seguimiento que el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha hecho de la clausura que permanece vigente desde diciembre del 2022. Sin embargo, no ha habido más acciones de vigilancia y sanciones por todos los daños ocasionados a las aguas superficiales y subterráneas, así como por la emisión de sustancias peligrosas, tanto lixiviados como por la combustión de la basura en los incendios”.

Un Salto de Vida lanza las siguientes exigencias: uno, “que la Semadet establezca un monitoreo atmosférico al menos de partículas PM2.5 y PM10, compuestos orgánicos volátiles (COV) y mercurio y que no retire la emergencia atmosférica hasta que estos niveles dejen de ser un riesgo para la población”; dos, “que, a través de la Secretaría de Salud Jalisco, se establezcan las brigadas de atención a la salud con una perspectiva de toxicología ambiental en coordinación con la Universidad de Guadalajara”; tres, “que los ayuntamientos metropolitanos que han apoyado en el combate a los incendios realicen los cobros a la empresa por los millonarios costos de dinero público que implica la atención a esta contingencia y que retiren de una vez por todas las concesiones a esta empresa”.

Cuatro, “que las corporaciones de Protección Civil Estatal y de los municipios realicen una comunicación pública y abierta en todas las colonias para comunicar los efectos y riesgos de la emergencia atmosférica con indicaciones precisas para evitar mayores afectaciones”; cinco “que el Gobierno de Jalisco haga a un lado sus compromisos políticos y económicos con Caabsa Eagle e imponga sanciones ejemplares a través de la Proepa (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente)  y rechace cualquier autorización en materia de impacto ambiental de la empresa hasta que no realice un abandono adecuado y un saneamiento tanto de Matatlán, La Cajilota y Los Laureles”.

Seis, “que el Gobierno de Jalisco realice las denuncias formales contra la empresa Caabsa y los funcionarios responsables de Semadet y no buscando chivos expiatorios de un supuesto incendio agrícola cercano al vertedero, pues las condiciones en las que se encuentra es lo que ha permitido que el incendio prolifere”.

Siete y último: “que el gobierno federal a través de la Profepa dé seguimiento a los motivos de clausura sin limitarse a poner una lona en la entrada del basurero, que imponga sanciones y obligue a la remediación de los sitios contaminados en los suelos, aguas superficiales y subterráneas”.

EH