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Lengua-je soez
Dos incendios en basureros, a finales de mayo e inicios de junio, pudieron haberse evitado. No hubo acciones preventivas, a pesar del daño a la salud y al medio ambiente que causaron. El gobierno del estado ha resaltado las altas temperaturas, así como una posible riña y una quema agrícola que se salió de control como las causas detrás del fuego que consumió toneladas de desechos en los tiraderos de Matatlán y Los Laureles, en Tonalá.
Sin embargo, el nivel de gobierno encargado de sancionar el incumplimiento de las medidas ambientales ha sido omiso frente a irregularidades de la empresa concesionaria Caabsa Eagle, que maneja ambos vertederos incendiados.
La norma oficial que especifica cómo deben operar los sitios de disposición final de residuos señala que la basura debe ser cubierta de forma continua y dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito. Se cubren los desechos con tierra, material natural o sintético con el fin de controlar la infiltración de lluvia, la emanación de gases y partículas contaminantes, evitar que la basura se disperse o exista contacto de fauna nociva.
Los contratos entre Caabsa y los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto obligan a la empresa a operar los basureros conforme a la norma y su incumplimiento es una de las causas para revocar la concesión.
Sin embargo, la empresa maneja los basureros de forma irregular y acumuló montañas de residuos sin recibir sanciones importantes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ni de los municipios.
Si Caabsa operara conforme a la norma los basureros de Los Laureles y Matatlán, y tuviera la basura cubierta, el impacto de los incendios hubiera sido mínimo o simplemente no habrían ocurrido.
El peligro de estos siniestros ya se había advertido desde hace años por habitantes organizados, que viven en los alrededores de los basureros en Tonalá, El Salto y Juanacatlán y cuya vida se ha visto afectada por los malos manejos de estos depósitos.
El peligro está vigente en La Cajilota, otro terreno que está a cargo de Caabsa Eagle. El predio de 7 hectáreas, ubicado al sur de Tlajomulco, en teoría tendría que operar como una estación de transferencia temporal de residuos. En los hechos, la empresa acumula de manera ilegal montañas de basura que en estos momentos de sequía y olas de calor son un riesgo inminente.
El peligro no terminará con la próxima llegada del temporal de lluvias. Si bien, el riesgo de incendio se minimiza, se incrementa el escurrimiento de lixiviados, esos tóxicos jugos de la basura.
Como no existen medidas adecuadas en el basurero para controlar lixiviados, se infiltran en el subsuelo y contaminan el acuífero de Toluquilla, del que se abastecen miles de personas y cientos de industrias.
Además, al norte y al sur del tiradero irregular de La Cajilota corren cauces de agua que llegan a la laguna de Cajititlán, un ecosistema de por sí afectado por descargas de aguas residuales sin tratamiento por parte de fraccionamientos que se han multiplicado en los alrededores.
Si el gobierno estatal y el municipal de Tlajomulco no quieren un futuro incendio en La Cajilota es necesario que impongan sanciones ejemplares a Caabsa y le obliguen a realizar un abandono adecuado y saneamiento del predio, junto con Matatlán y Los Laureles.
Esa es una de las exigencias de pobladores de los alrededores y de organizaciones como la agrupación Un Salto de Vida, que desde hace décadas ha luchado por la remediación ambiental de los basureros y la creación de una verdadera política en la gestión y reducción de residuos en la ciudad, ante los nefastos resultados que ha tenido la entrega de esta responsabilidad pública en las manos privadas de Caabsa.
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