Alfaro, construcción de un maximato (VIII)

Hay cinco gigantes de la industria inmobiliaria que han marcado con sus intereses y proyectos la historia reciente de la ciudad: Grupo San Carlos, de Salvador Ibarra Álvarez del Castillo y sucesores; Domus Desarrolladora Inmobiliaria, de los hermanos Padilla Quiroz y sucesores; Tierra y Armonía, de Juan Jose Errejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro, e hijos; Grupo Mendelssohn, de los mismos propietarios, y grupo GIG, de Raymundo Gómez Flores y hermanos.

No se puede dejar de lado, por su reputación internacional, la firma del afamado arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana (antes GVA, hoy GVI), que debemos mencionar muy a propósito del modo en que esos lobby ejercen presión sobre los poderes públicos.

Porque es justamente el proyecto de Santa Anita Hills, o Bosque Alto, de GVA en Tlajomulco, uno de los que mejor ilustran el modo en que los intereses influyen en el modelo alfarista de gobierno. Es verdad que ese desarrollo sobre el bosque La Primavera, frenado por los vecinos del cerro del Tajo que en su momento contaron con el apoyo del ex gobernador Aristóteles Sandoval para generar el decreto de zona de restauración ambiental (enero de 2018), fue una herencia recibida por Alfaro cuando fue alcalde de Tlajomulco, pero no es menos cierto que hizo muy poco para impedirlo, en esa administración y en las de sus sucesores, que le respondían (con la relativa excepción de Alberto Uribe); tampoco ha hecho demasiado como gobernador, en que se comprometió a defender la zona ambiental.

En específico, prometió ofrecer a GVA una permuta para resolver en definitiva el problema. Después, les dijo a los vecinos de la Unión de Colonias de la Puerta Sur que GVA lo había rechazado. Ahora que la empresa ha pasado a la ofensiva y parece sostener apoyos institucionales, los vecinos se preguntan si fue solo simulación.

La falta de transparencia siempre genera dudas. En las villas panamericanas, por ejemplo, tras permitir el negocio privado a las puertas de La Primavera bajo la justificación de que eran permisos otorgados con mucha antelación, crea un nuevo decreto de zona de recuperación ambiental para contener los otros intereses inmobiliarios, que está a punto de caer. ¿Hay un plan B del gobernador para defender El Bajío? Si lo hay, se desconoce. Si no lo hay, los poderes privados tomarán el control completo de la zona de recarga de acuíferos.

Otro expediente tiene que ver con los intereses de Grupo San Carlos. Ellos construyen Gran San Rafael y al mismo tiempo, con dinero público, se hace una obra de contención de inundaciones justo enfrente de las torres, en el Parque San Rafael. La zona no se inunda, pero es rica en veneros (por eso se estableció allí un parque hace más de un siglo), los cuales afloran con la construcción a desnivel de estacionamientos del complejo inmobiliario. ¿Un caso más de privatización de plusvalías por obra pública?

Más cuestionable y escandaloso es el tema de Caabsa Eagle, la concesionaria de basura cuyos tentáculos en el poder público llegan muy lejos. Es un corporativo que también se dedica a la construcción. El gobierno municipal de Alfaro (2015-2018) le cedió a casi un cuarto de su valor el antiguo rastro de aves, ubicado en la avenida 18 de Marzo, al sur del Parque El Deán (al que muy bien pudo sumarse para engrosar el área verde), y le obsequió un uso de suelo de alta densidad. El tamaño de la furia del gobernador cuando se le recuerda este atentado al interés público muestra lo evidente de usar las herramientas de gobierno para beneficiar intereses privados.

Si se mueve como pato y grazna como pato… ¿entonces es halcón?

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