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El Presidente
El Protocolo para la Actuación ante la Recepción de Reportes y Denuncias Anónimas relacionadas con la Desaparición de Personas y Restricciones de Contexto delega la responsabilidad de revisar y corroborar riesgos existentes a las Policías municipales, cuyos elementos fungen como primeros respondientes.
El conjunto de reglas surgió tras los atentados con explosivos del 11 de julio en Tlajomulco de Zúñiga que causaron la muerte de cuatro policías y dos civiles. A partir del ataque inició el proceso de creación del protocolo, el cual está enfocado a reportes anónimos, ya que fue una llamada de ese tipo –en ella se indicó que en la zona donde se registraron los estallidos había una posible fosa clandestina– la que originó la movilización y la agresión posterior.
El documento –dado a conocer el 21 de noviembre y publicado el 4 de diciembre en el periódico oficial El Estado de Jalisco– especifica que antes de acudir una brigada al sitio de búsqueda en vida o de fosas clandestinas cuando se trate de un llamado anónimo, tendrá que ir un primer respondiente, es decir, una patrulla de la Policía Municipal.
El trabajo de los elementos municipales será, en primera instancia, confirmar o descartar el reporte. Por ejemplo, si se reporta una fosa, verificar que esta exista. En caso de que no puedan confirmar el hallazgo, tendrán que reportarlo al Ministerio Público para descartar la movilización de recursos, pero si sí lo ratifican igual deberán notificarlo y revisar los riesgos.
El paso 1 para la revisión de los riesgos es “guardar la calma”. El protocolo marca que el primer respondiente es el responsable de realizar “una primera observación de la escena sin desatender su propia seguridad y la de terceros, a fin de constatar la veracidad de los hechos y determinar la existencia de riesgo, así como la necesidad de atención a las víctimas”.
Además de “guardar la calma”, los policías deberán “identificar el problema y las prioridades a atender” y “abordar el lugar de manera cautelosa y deberá retirar de la zona a los civiles que se encuentren en el sitio”.
Durante el proceso de revisión el primer respondiente rastreará cualquier tipo de riesgos, pero enfatizará la búsqueda de explosivos.
En el protocolo se marcan los aspectos que los elementos deben verificar, entre los que se incluyen revisar si hay objetos que no formen parte del paisaje; si el terreno tiene montículos o hundimientos inusuales; si hay cuellos de botella en las brechas, calles o demás vías de acceso, así como indicios de que pudiera haber explosivos.
Los agentes municipales también deben estar al tanto de alteraciones en el color de la vegetación o suelo, objetos fuera de contexto como cajas, mochilas, sobres, maletines, maletas, vehículos, entre otros.
En caso de detectar riesgo de explosivos deberán asegurar la escena y abrir un registro; notificar al Ministerio Público y, si logran detectar municiones sin detonar, trampas explosivas o agentes tóxicos, solicitar la presencia de especialistas. Para reducir los riesgos los operativos estarán prohibidos durante la noche.
Según el protocolo, una vez que se confirmen reportes ligados a desaparición, las autoridades estatales trabajarán un análisis de contexto desde el escritorio para mapear los posibles riesgos.
En este trabajo se tomarán en cuenta aspectos como a quién o quiénes se busca, las condiciones del sitio, si el reporte involucra una casa de seguridad con riesgo de muerte para personas desaparecidas o si es una fosa clandestina, entre otros puntos.
En esa revisión también se incluirán riesgos relacionados con la geografía, clima y más. Por ejemplo, si en la zona hay riesgo de derrumbe, altas o bajas temperaturas, barrancas, pendientes, sustancias, riesgos biológicos, etcétera.
jl/I