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Fiscalía rezagada
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Mediante la recomendación integradora 31/2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) documentó diversas irregularidades en la investigación y búsqueda de Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido desde el 18 de mayo de 2021.
La queja por esta desaparición es la 2808/2021 y fue interpuesta en la misma fecha de la desaparición del joven. Él es hijo de Héctor Flores González, integrante y fundador del colectivo Luz de Esperanza.
La denuncia por la desaparición de Héctor Daniel fue interpuesta el 19 de mayo de 2021 y producto de ella se abrió la carpeta de investigación 35419/2021. Según lo descrito en la queja, la desaparición pudo haber sido cometida por particulares o policías investigadores de la Fiscalía del Estado (FE), por lo que se apunta a una desaparición forzada.
“El día de los hechos se encontraban dormidos en su domicilio cuando escucharon un estruendo, ingresan cuatro masculinos, dos de ellos uniformados de negro, con logotipos de la Fiscalía del Estado, portando armas cortas y largas y comenzaron a agredirlos, preguntando que donde guardaban el crystal y la droga. (A Daniel) lo sacan de la casa, lo suben a un vehículo y ya no supieron de su paradero”, describe el documento. El joven se encontraba en compañía de su pareja al momento de la privación ilegal de la libertad.
Las irregularidades notadas por la CEDH en el proceso de investigación incluyen que las autoridades ministeriales no se ciñeron a los principios de exhaustividad, efectividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia, lo que ha impedido que el joven pueda ser localizado.
Además, las acciones de búsqueda se han seguido sin inmediatez, oportunidad, transparencia, utilidad o rigor científico.
Específicamente, CEDHJ detectó que el Plan de Investigación lo elaboró la autoridad hasta el 8 de abril de 2022, es decir, casi un año después de que Daniel fue desaparecido. Además, no se realizó una búsqueda a nivel nacional ni hubo coordinación con otras fiscalías de otras entidades.
También se omitió revisar las cuentas de redes sociales o correo electrónico de la víctima, no se le buscó en bases de datos, se dio vista tardía a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y, además, no se le mantiene al tanto de los avances, lo que se traduce en falta de acciones conjuntas.
El caso lo han tenido 10 policías investigadores y 12 agentes del ministerio público distintos, “lo que dilata y entorpece la investigación ordinaria”. La muestra más clara de que las acciones de búsqueda e investigación no han funcionado es que “no han sido determinantes para la localización de la persona desaparecida”, precisó la CEDHJ.
(Foto: Especial)
El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, al ocultar el registro estatal de personas desaparecidas, busca administrar y no atender la crisis de desaparición que vive el estado, lamentó Denisse Ayala, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
La académica mencionó que “la discrecionalidad del registro permite un manejo político a modo, el oscurecimiento para entender el problema, obstaculiza la comprensión del riesgo, impide la posibilidad de comprender los impactos, dificulta o hace imposible un diagnóstico que es necesario para la intervención a la que está obligada el Estado para prevenir la desaparición de personas”.
Y añadió: “Sobre todo la discrecionalidad permite al gobierno una administración del problema que disimule la crisis que en la realidad se vive, lo que hace más fácil contener los daños a los que se vea obligado cuando un caso se vuelve mediático”.
Recriminó dicha actitud del gobierno estatal, pues desatiende la responsabilidad de buscar a todas las personas desaparecidas en Jalisco y prevenir que haya más casos.
“Todo esto puede definirse como ausencia de voluntad política para resolver el drama de la desaparición de personas, esto es llevar a la mínima expresión la responsabilidad del Estado frente a los derechos que debe custodiar a la ciudadanía, como la libertad y la seguridad jurídica por ejemplo”.
Este miércoles NTR publicó que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez incumplió con su promesa de publicar en diciembre de 2023 el nuevo registro estatal de personas desaparecidas. En su lugar, prevalece el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), plataforma que sigue sin ser actualizada con los datos del mes de diciembre. Lauro Rodríguez
EH-jl/I