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Último grito (por fin)
Se consumó
Una investigación evaluativa realizada en conjunto entre la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) muestra que 57 por ciento de las víctimas de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición forzada y relacionados fue encontrada sin vida entre 2018 y 2023.
NTR tuvo acceso al estudio, llamado Personas localizadas en el estado de Jalisco, por medio de un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei). Inicialmente, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) se negó a entregarlo tras una solicitud de transparencia y ahora, desde ayer, el documento también está disponible en el sitio web de evaluaciones de la SPPC.
Entre 2018 y 2023, periodo revisado por el estudio, las autoridades pudieron confirmar la presencia de los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, relacionados (homicidios que derivaron en fosas clandestinas) y otros delitos (homicidio, feminicidio, abuso sexual, trata, etcétera) en 3 mil 339 casos de personas localizadas.
Pero de ese total, 57.68 por ciento, es decir, mil 926 personas, fue localizado sin vida y sólo 42.32 por ciento fue hallado con vida.
La información vertida en el documento describe además que las víctimas de los delitos relacionados con la desaparición de personas están focalizadas en el grupo etario de los 20 a los 39 años.
Aunque el documento se cataloga como evaluativo, no hace revisión alguna de las políticas públicas en la materia y sólo se limita a realizar un diagnóstico de la crisis con base en las personas localizadas. Por lo tanto, excluye completamente la información sobre las personas aún desaparecidas a pesar de que la FEPD y Cobupej sí cuentan con registros sistematizados sobre las hipótesis del delito.
En el estudio las autoridades hacen cuatro categorizaciones de tipos de delito. En primer lugar están las víctimas de desaparición forzada, es decir, aquellas en las que se tiene comprobada la participación directa o indirecta de una persona servidora pública.
En ese caso la Cobupej y la FEPD afirmaron que sólo localizaron a 30 de las personas víctimas del delito; a ocho las hallaron sin vida.
El segundo delito es la desaparición cometida por particulares, identificado en mil 282 personas localizadas; sin embargo, 782 fueron halladas muertas.
Después están los delitos relacionados a la desaparición que, según especifican las autoridades, incluyen a las víctimas en fosas clandestinas. En este caso se contabilizó a 157 personas fallecidas halladas en inhumaciones ilegales y que tenían reporte o denuncia por desaparición.
La última categoría es la de “otro tipo de delitos” y en ésta se incluye a mil 870 víctimas localizadas; sin embargo, 979 fueron halladas muertas. En esta clasificación se incluyen delitos como homicidio, privación ilegal de la libertad, abuso sexual, maltrato infantil y violencia familiar en el caso de las mujeres, mientras que en hombres resaltan el homicidio, la privación ilegal de la libertad, lesiones, trata con fines de explotación laboral (reclutamiento forzado) y robo.
Otra de las conclusiones del trabajo de la FEPD y Cobupej es que 74.14 por ciento de las localizaciones se trató de personas que no tenían relación con delito alguno, lo que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez llama “ausencias voluntarias”.
Ambas dependencias hacen énfasis en al menos dos ocasiones en el punto y se adjudican el crédito de 9 mil 575 localizaciones de ese tipo de 2018 a 2023 al afirmar lo siguiente: “No se puede ignorar que estas personas han sido localizadas gracias al nivel de respuesta y movilización de las instituciones encargadas para realizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas y todo esto implica el uso de recursos humanos y financieros”.
La afirmación se realiza pese a reconocer que, si bien muchas de esas personas se fueron por su cuenta, la realidad es que detrás hubo delitos como violencia familiar, acoso escolar, venta de droga, embarazo adolescente, entre otros.
Ambas dependencias especifican que los problemas de salud mental también fueron factor en desapariciones, así como enfermedades e incluso accidentes, principalmente siniestros viales.
Al final, dentro de las conclusiones, la fiscalía y la comisión sólo hacen un llamado a trabajar en conjunto de forma intersectorial para atender la crisis de desaparición de personas, pero no emiten recomendaciones ni propuestas de políticas públicas.
jl/I