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A recular
La carta está echada
Para garantizar una identificación de cuerpos eficiente a través del biobanco de datos forenses de Jalisco, así como castigos a quienes hagan mal uso de su información, la diputada priista Hortensia Noroña Quezada propuso una ley que lo regula.
A la actual legislatura sólo le queda este mes para poder sacar sus pendientes, por lo que la priista espera convencer a sus compañeros para aprobar la legislación.
La propuesta plantea la obligación de regular los registros de perfil genético para uso forense a fin de esclarecer los hechos que puedan constituir un delito y encontrar a los responsables.
La también titular de la Comisión de Derechos Humanos propone también en su iniciativa que exista un registro de ADN de personas sentenciadas y procesadas, así como de víctimas de desaparición y sus familiares. En los casos de menores de edad, plantea que primero se debe obtener el consentimiento informado.
“Necesitamos empezar a que generalmente, a todas las personas que están bajo algún procedimiento judicial, que están sentenciadas, que están esperando una condena o un juicio, pudiéramos tener un registro de su ADN para posibles situaciones de violación, de que después salen y, en algunos casos (…) lamentablemente vuelven a caer en el crimen organizado y desaparecen, (y para eso) ya está el registro de qué persona es”, aseveró.
Como actualmente no se precisa qué pasa si hay un uso indebido de datos forenses o quién debe custodiarlos todo el tiempo, la priista propone que los funcionarios públicos que utilicen más el registro forense, sobre todo en la cadena de custodia, o intervengan sin autoridad en el procedimiento puedan ser sancionados de 2 a 6 años de prisión.
“En caso de que el acceso, la divulgación o el uso se efectuaren respecto de las muestras biológicas o evidencias, se impondrá la pena de dos a seis años de prisión”, señala otro de los supuestos de sanción.
Si la ley se aprobara, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco y obligaría a que en un año ya exista una base de datos con los registros de perfil genético para uso forense.
jl/I