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Nada para intranquilizarse
Espinoza Licón
Si para las familias de desaparecidos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) la exigencia a las autoridades para que busquen a sus seres queridos se llega a convertir en todo un viacrucis, para quienes viven fuera de la ciudad es todavía peor a causa de la excesiva y centralizada burocracia y los vínculos “innombrables” entre las autoridades y el crimen organizado.
Así lo concluyó el investigador Isaac Vargas, de la Universidad de Toronto, a través de un artículo académico llamado Desaparecer en los márgenes. Análisis etnográfico desde los Altos Norte de Jalisco, mismo que fue publicado este año por el Colegio de Jalisco.
Uno de los graves problemas que encontró y genera un abandono hacia las familias es la centralización y falta de dependencias en las regiones, incluida la Altos Norte.
“Instituciones fundamentales como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tampoco cuentan con oficinas distribuidas entre Altos Norte, mientras que en la capital algunos de estos organismos incluso ocupan grandes edificios”.
Pero eso no es lo peor. Si bien se convierte en un obstáculo burocrático, uno de los principales problemas existentes es el vínculo entre quienes deben investigar las desapariciones y quienes las cometen.
“Se destacan las relaciones e imbricaciones entre el mundo policial (estos) y el criminal (esos), cuyas fronteras parecen desvanecerse más fácilmente en medio de la guerra. Uno de los rostros específicos de la imbricación es el del policía-investigador, quien ante Angélica (buscadora) solo muestra su papel como agente de la justicia; sin embargo, lo reviste un camuflaje conformado por el uniforme que porta, su lenguaje y oficina. En conjunto, crea un performance que le permite preservar invisible esa otra parte de él. La alianza inconfesable de la que forma parte puede, incluso, entenderse mejor desde la propuesta del montaje”.
Ante lo detectado, el investigador propone, en primer lugar, descentralizar dependencias clave como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) con el fin de que tengan especialistas para análisis de contexto en cada zona y así poder generar las políticas necesarias para prevención y atención de las crisis.
De 26 AÑOS. La Cobupej ya emitió una cédula de búsqueda por la usencia de Bryan Daniel. (Foto: Especial)
Las desapariciones en la Nueva Central Camionera no cesan. Bryan Daniel Zúñiga Márquez se sumó a esta estadística el 1 de octubre, cuando vino desde León, Guanajuato, a recoger una camioneta.
Su familia lo único que supo es que el joven, de 26 años de edad y quien estaba con su familia por unos días de descanso, les mencionó que vendría a Guadalajara a recoger una camioneta. Quedó de verse con un hombre en la Nueva Central Camionera, por lo que le pagaron el boleto del camión y, al llegar al sitio, ya no contestó el teléfono ni se supo de él.
Al ya no tener respuesta vía telefónica, su familia acudió a la Fiscalía de Guanajuato a interponer la denuncia por desaparición, donde les dijeron que ahí no podían hacer nada, pues su desaparición fue en Jalisco. Solo les compartieron el número de teléfono de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Sus familiares se comunicaron a esta dependencia y ahí los remitieron a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), dependencia que generó el reporte oficial y elaboró la cédula de búsqueda que ya se difunde en redes sociales.
Pero la familia no tiene certeza de que haya una denuncia activa en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), pues le dijeron que para ello debe trasladarse un familiar directo hasta Guadalajara, lo que podrán hacer este fin de semana.
Uno de los familiares que accedió a dialogar con NTR sobre el caso lamentó que pase eso, pues es complejo el traslado y eso puede desanimar la búsqueda. Lo ideal, apuntó, sería que la denuncia la hayan tomado en la Fiscalía de Guanajuato y pasarla a la de Jalisco de forma oficial.
Ayer el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (Consejo Ciudadano de Búsqueda) presentó ante el Congreso de Jalisco una serie de recomendaciones tras el aval a la creación de la secretaría de inteligencia y búsqueda de personas (SIBP), dependencia propuesta por Pablo Lemus Navarro, gobernador electo de Jalisco.
En el documento precisan que ven riesgos en cómo se gestó y cómo se va a implementar esta nueva área de gobierno, la cual impactaría de forma negativa en las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
En primer lugar, señalaron que en el proceso nunca se incluyó a las familias, lo que se traduce a una vulneración al derecho a la verdad y la reparación; sin embargo, tampoco se consultó a personas expertas, por lo que la SIBP no da confianza en cuanto a su efectividad y transparencia.
También apuntaron que la dependencia no tendría un enfoque de derechos humanos y se prevé padezca falta de independencia en investigación forense y verificación de procesos técnicos.
No hay protocolos de rendición de cuentas ni transparencia, se carece de un enfoque en tecnología para identificación de personas, habría duplicidad de funciones y esto derivaría en confusión durante la coordinación interinstitucional.
Por este motivo consideran que es necesario un rediseño de la política inclusivo y bajo una perspectiva de derechos humanos, que se garantice la observancia de estándares internacionales.
“Desde el Consejo refrendamos nuestra disposición para colaborar con las autoridades, ofreciendo asesoría y experiencia con el objetivo de fortalecer las iniciativas emprendidas para atender de manera efectiva la crisis de desaparición de personas en la entidad”.
A la par de entregar la postura al Congreso, hicieron un llamado público a Pablo Lemus a atender las recomendaciones hechas. Lauro Rodríguez | Ilse Martínez
jl/I