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Jalisco
Rectora
Éricka fue torturada por policías al momento de su detención el 28 de mayo de 2006. Desde entonces está privada de su libertad en el penal de Puente Grande sin recibir una sentencia definitiva. Su caso, señaló el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), ejemplifica lo que viven cientos de mujeres detenidas.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el marco de que el proceso judicial de Éricka está en la etapa final, el Cepad recriminó que más del 40 por ciento de las reclusas vivió al menos un tipo de tortura durante el proceso de su detención.
El centro expuso que, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del Inegi, el 43 por ciento de las mujeres privadas de su libertad en Jalisco afirmó que fue amenazada durante su detención, lo que es un tipo de tortura.
Las amenazas que recibieron fueron en el sentido de fincarles cargos falsos, matarlas, lesionarlas o dañar a algún integrante de su familia.
Además, una de cada cuatro mujeres dijo que le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza; al 29 por ciento la patearon o golpearon con las manos; al 17 por ciento se le trató de asfixiar con una bolsa de plástico, y al 14 por ciento se le torturó sexualmente, incluso se le lesionaron sus órganos sexuales.
“Éricka es una de ellas. Sus aprehensores también la golpearon, como a casi el 30 por ciento de aquellas, y la torturaron de forma sexual, como al 14 por ciento de las mismas”, añadió el Cepad.
La organización recordó que la finalidad de ejercer tortura en contra de Éricka fue que se autoinculpara del delito de secuestro, pues no había más evidencia que declaraciones para señalarla de ese ilícito.
Además, al igual que ocurre con el 35 por ciento de los casos de mujeres privadas de la libertad, Éricka llegó lesionada ante el agente del ministerio público y la Fiscalía no registró ese estado en el que se encontraba.
Todo ese sistema del que son víctimas Éricka y cientos de mujeres más en Jalisco evidencia que la justicia con perspectiva de género es todavía una deuda pendiente del Estado, concluyó el Cepad.
jl/I