Sin declaración patrimonial, 8.5% de funcionarios

El porcentaje de cumplimiento de los servidores públicos en Jalisco respecto a la presentación de sus declaraciones patrimoniales ha ido en aumento; sin embargo, todavía no se logra que el total de los funcionarios cumpla con la obligación.

De acuerdo con información que la Contraloría de Jalisco compartió a NTR, en el 2023 se presentaron 131 mil 034 declaraciones, pero 12 mil 271 funcionarias y funcionarios incumplieron, lo que significa un avance de cumplimiento del 91.43 por cierto y que más de ocho de cada 100 servidores públicos no presentaron su declaración.

En 2022 se presentaron 128 mil 588 declaraciones, pero hubo 11 mil 894 incumplidos y en el 2021 se presentaron 122 mil 882, pero hubo 16 mil 188 que incumplieron.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Promoción y Seguimiento en Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado, Miguel Ángel Vázquez Placencia, recordó que la declaración patrimonial es un mecanismo de prevención contra la corrupción.

“(Sirve) para tener del lado del servidor público, de los que participan en las compras gubernamentales, el grado de involucramiento en el tema de las compras”, ejemplificó.

La declaración patrimonial se divide en datos generales, patrimoniales y de conflicto de interés. Aunque no se tenga patrimonio, se debe declarar que no se tiene, ya que si la falta es recurrente la sanción comienza a aumentar y se puede llegar hasta una suspensión.

“Después de mayo, si no se cumple (con las declaraciones), lo que procede es iniciar todas las investigaciones y (saber) si es un acto de recurrencia”, enfatizó Vázquez Placencia.

Por su parte, el coordinador general de Proyectos de la Contraloría estatal, Salvador Rolón Romero, contó que uno de los casos más graves de conflicto de interés ocurrió en el Hospital Civil de Guadalajara (HCG), ente en el que se presentaron siete denuncias penales contra un ex servidor público que sigue en prisión.

El señalado en este caso fue Raúl Vicente, ex líder sindical y ex coordinador general de Adquisiciones del Hospital Civil de Guadalajara.

“Imagínate (…) le asignaba contratos a la madre de su hija, que era un conflicto de interés declarado. Estoy hablando de millones y millones y millones y millones al año, y luego le asignaba contratos a la mamá de la esposa de su hija, tuvimos que ir abriendo la investigación”, mencionó Rolón Romero.

En ese sentido, detalló que en el rubro de la salud muchas veces las asignaciones de compra son directas porque es un servicio que no puede parar.

“En las adquisiciones a veces estas interpretaciones sí dan pauta para que se cometan muchas faltas, tal vez no graves porque es alguna omisión que no observaste, (pero también hay) otras que con todo el dolo son graves porque se cometen dentro de la conducta de cohecho, desvío de recursos o abuso de funciones”, remarcó.

Por otro lado, los integrantes de la Contraloría adelantaron que habrá más revisiones al ejercicio público estatal por el proceso de entrega-recepción, el cual involucra análisis en los primeros 30 días de la gestión nueva.

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