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El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán ha generado una fuerte preocupación en la sociedad, que, a pesar de estar acostumbrada a la violencia, no puede ignorar la gravedad de la situación. Fernando Espinoza de los Monteros, presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal, ha exigido una investigación exhaustiva que lleve ante la justicia a todos los responsables, sin importar su jerarquía, pues el caso pone de manifiesto la complicidad, impunidad y corrupción que pueden existir en las autoridades.
Espinoza también ha señalado la necesidad de investigar a los policías involucrados en el primer aseguramiento del rancho, el año pasado, argumentando que las acciones en este contexto se asemejan al terrorismo. Su crítica se extiende a las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien, según Espinoza, debió haber atraído el caso de inmediato, dado que se trata de un evento relacionado con el crimen organizado, lo que lo convierte en competencia federal.
Además de las investigaciones a las autoridades, sugiere la importancia de entrevistar a la población local, ya que la proximidad del rancho a lugares como Guachimontones y balnearios hace inaceptable la falta de atención a un campo de exterminio. Espinoza enfatiza que la incompetencia de las autoridades de todos los niveles es evidente, y que no hay justificación para la falta de intervención que permitió tantas muertes.
El licenciado también critica la respuesta del fiscal estatal, quien argumentó que la extensión del rancho dificultó la detección de los crematorios clandestinos en el primer aseguramiento. Espinoza sostiene que la vigilancia debió haberse mantenido desde el inicio, y que la corrupción es evidente en la reutilización de las instalaciones.
Finalmente, subrayó que toda la evidencia debió preservarse intacta para garantizar que se realizaran las diligencias necesarias y se imputaran responsabilidades adecuadas.
FR