Exigen garantizar derecho a la información ante reforma de transparencia

La primera presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), María Marván Laborde, advirtió que la reciente reforma a la Ley de Transparencia representa un grave retroceso en el acceso a la información pública en México.

En entrevista para InformativoNTR, Marván Laborde, quien actualmente preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana, explicó que las modificaciones a la ley permitirán a los gobiernos ser más opacos y restringir el derecho ciudadano a la información.

Entre los principales defectos de la reforma, señaló el aumento de causales para declarar información como reservada por motivos de seguridad nacional, la disminución de la autonomía de la nueva entidad que sustituye al INAI y la eliminación de los institutos locales de transparencia y acceso a la información.

Pérdida de derechos ciudadanos

Para la excomisionada del IFAI, la absorción del instituto en una nueva entidad con menor independencia significa una pérdida de derechos y garantías fundamentales. En este sentido, explicó que la reforma regresa a una "balcanización de autoridades" en el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, generando complicaciones tanto a nivel federal como en estados y municipios.

“Lo que significa es precisamente una disminución de una garantía, de un derecho que está consagrado en la Constitución”, advirtió.

Además, criticó que el órgano responsable de garantizar el acceso a la información carecerá de independencia, ya que su titular será designado y removido por el Poder Ejecutivo. “El día que se pida una información que no le guste a quien lo nombró, la Presidencia de la República, estaría firmando su renuncia”, enfatizó.

Llamado a la sociedad

Marván Laborde subrayó la necesidad de que la sociedad redoble esfuerzos para exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y federales. Puso como ejemplo el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde las irregularidades en la investigación de un campo de exterminio del crimen organizado evidencian la urgencia de contar con mecanismos de acceso a la información más sólidos y autónomos.

“Lo menos que deberíamos hacer es rendirnos, porque nos están esperando. Ya no hay garantía para solicitar información, seguimos teniendo el derecho, pero la nueva ley es más deficiente de lo que era la anterior”, concluyó.

GR