Quinto Patio

Más de un funcionario de los tres niveles de gobierno desearía que el caso Teuchitlán concluyera pronto o que, al menos, disminuya su presencia en el espacio público. Sus razones políticas tienen. Saben que lo ocurrido en el rancho teuchitlense pareciera que va para largo; que se ha posicionado como asunto de interés nacional; que sus repercusiones mediáticas son internacionales; que el número de desaparecidos en Jalisco aumenta; que miles de familias en la entidad, con diversos apoyos de instituciones y grupos diversos no cejarán en su legítimo empeño de buscar a quienes les fueron arrebatados; que la Fiscalía Estatal nomás no dio ni da una por su diversidad de limitaciones; que la mayoría de los municipios en la entidad están gobernados o cogobernados por grupos delictivos; que la violencia puede estallar en cualquier lugar y momento y que, entre otras aristas del tema, el gobierno de Estados Unidos monitorea y presiona en temas de seguridad.

Todo eso repercute políticamente, de una u otra manera. Mientras tanto anotemos que la Fiscalía General de la República ya tomó posesión del Rancho Izaguirre e indaga en otro. Han caído partícipes en las bestialidades cometidas. Y ya. Las crisis de desapariciones y forense continúan. Las redes de complicidades e impunidad siguen intactas. Así que, sin ser un escenario apocalíptico, no se vislumbran a corto y mediano plazo cambios de fondo. Teuchitlán recordó que nada ha cambiado; al contrario.

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Destaquemos que en el Congreso del Estado se instaló ayer la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, que preside la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez. Hay buenas intenciones de intervenir desde el ámbito legislativo para generar acciones que apoyen a resolver la grave problemática de las desapariciones. Que se acompañe, escuche y se vaya de la mano de los colectivos de familias con desaparecidos será fun-da-men-tal.

Por lo pronto, la diputada Valeria Ávila Gutiérrez solicitó que se exhorte a la Junta de Coordinación Política para establecer la fecha en que comparezcan los integrantes del gabinete estatal de seguridad para que informen sobre el caso Teuchitlán. La decisión está en manos de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, quienes aplazaron la comparecencia sin poner fecha. Y no dan luz de pa cuándo.

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Luego de que la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación se publicara el decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reformara el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el gobierno estatal y, en concreto la Contraloría del Estado; los titulares de las unidades de transparencia, y los diputados del Congreso del Estado ya tienen el marco jurídico para cocinar la ley estatal de transparencia.

Jalisco cuenta con 90 días, a partir de la publicación de la reforma en el DOF para presentar su propuesta de armonización y garantizar los derechos a la transparencia, acceso a la Información y protección de datos personales. Corre tiempo.

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