Colectivos corren peligro por trabajo del Estado

El hallazgo del Rancho Izaguirre evidenció el riesgo que enfrentan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes realizan una labor que debería ser responsabilidad primordial del Estado. Jorge Ramírez, del Comité de Análisis de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destaca que estas actividades exponen a las familias, especialmente a las madres buscadoras, a amenazas y agresiones, como el caso de María del Carmen Morales, asesinada junto a su hijo tras recibir múltiples intimidaciones.

Ramírez criticó la postura de la Fiscalía estatal por negar la violencia estructural y su baja eficacia en resolver casos complejos, señalando que los perpetradores, ligados al crimen organizado con recursos e infiltración en estructuras de seguridad, representan un peligro significativo.

Subrayó la valentía de los colectivos que arriesgan sus vidas y lamenta la incapacidad de las autoridades para enfrentar un contexto de violencia que las desborda.

Además, denunció la impunidad que fomenta más ataques contra buscadores, la falta de voluntad de la nueva administración estatal para cambiar políticas de opacidad y desinformación, y la continuidad de las desapariciones. Jorge Ramírez urgió a las autoridades a actuar con contundencia para frenar la impunidad y garantizar justicia en estos delitos de alto impacto.

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