Urge prevención para contrataciones a modo: Jorge Alatorre

La contratación indebida en instituciones públicas, aunque no constituye un delito penal, sí representa una falta grave con repercusiones importantes. Así lo advirtió Jorge Alatorre, exintegrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité Nacional, al referirse a los recientes casos detectados en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

El académico y consultor explicó que esta práctica podría ser más común de lo que se conoce públicamente, por lo que subrayó la necesidad de implementar herramientas preventivas que permitan detectar a tiempo este tipo de anomalías. “El sistema debe centrarse no solo en reaccionar, sino en cómo evitar que estos casos ocurran y cómo hacer más eficiente su procesamiento”, señaló.

Alatorre reconoció que los procedimientos actuales son largos y garantistas, lo que puede dificultar la aplicación oportuna de sanciones. Una vez que se determina que hay una falta grave, explicó, corresponde a la Fiscalía aplicar las sanciones pertinentes, y cuando se trata de irregularidades detectadas por la Auditoría en las cuentas públicas, es la Comisión de Vigilancia del Congreso la que debe actuar. Sin embargo, la interferencia política muchas veces obstaculiza la aplicación de justicia.

También criticó la tendencia de las autoridades a reservar información en casos donde hay sospecha de corrupción. “Se debe establecer que, cuando exista presunción de delitos por corrupción, no se permita la reserva de información”, insistió. Propuso además que las plataformas de transparencia estén obligadas a publicar datos que no puedan ser ocultados en ninguna circunstancia.

Finalmente, hizo un llamado a crear mecanismos que faciliten a los ciudadanos el acceso a información relevante sobre casos de interés público, reforzando así el papel de la sociedad en la vigilancia de los recursos públicos.