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Justificación
No permitirá construcción
Los diputados locales regresan a laborar esta semana y uno de sus primeros objetivos será volver a crecer la nómina del Poder Legislativo al poner en marcha el acuerdo que tomaron antes de irse de vacaciones, el 25 de julio, en la Comisión de Administración. Los integrantes de esta decidieron que cubrirán con personal supernumerario las plazas vacantes por defunción, jubilación, renuncia o retiro voluntario, la mayoría de las cuales estaba vacía desde la legislatura anterior.
El acuerdo interno C.A.P.L.-05-LXIV-24, presentado por la presidenta de la comisión, la emecista Esther Montserrat Pérez Cisneros, instruyó al secretario general del Poder Legislativo, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, a realizar directamente los trámites para las contrataciones, sin necesidad de regresarlos a la comisión para su autorización cada vez que se libere una plaza.
La atribución le fue conferida por mayoría de votos de los representantes de Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nación (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Solamente el coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, votó en contra, mientras que la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero se abstuvo.
La medida, que permite contrataciones “a discreción” bajo la figura de supernumerarios, contempla que las plazas sean cubiertas únicamente dentro del término constitucional de la actual legislatura y siempre que estén presupuestadas. El personal será asignado a las áreas con mayor necesidad y bajo criterios de evaluación de competencias, según se detalla en el documento aprobado.
Durante la legislatura anterior se propuso una medida similar, pero fue frenada por críticas públicas y porque algunos diputados de oposición no estuvieron de acuerdo, ya que en la misma legislatura se pidió un estudio al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) que en términos generales concluyó que el Congreso del Estado tenía exceso de personal.
En el estudio, el Imco determinó que en el Poder Legislativo de Jalisco “las contrataciones se llevan a cabo para satisfacer intereses políticos y no para atender necesidades concretas de gestión. Un primer riesgo asociado a esta manera de contratar es la basificación innecesaria del personal por cumplir con cuotas políticas”.
En el momento del estudio el Congreso del Estado tenía mil 69 empleados y el Imco determinó que había un exceso de 649.
Para avanzar ahora fue clave el respaldo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, el cual, según fuentes internas, recibió por adelantado un apoyo económico por 1.7 millones de pesos (mdp) que usualmente se entrega en diciembre y que en la misma sesión de la Comisión de Administración se decidió adelantar a julio. El monto fue entregado únicamente al secretario del sindicato, César Íñiguez González, y por primera vez se dejó fuera del reparto a trabajadores del Sindicato Independiente, algunos de los cuales ya emprendieron acciones legales.
Cabe recordar que entre el 22 de noviembre de 2024 y el 28 de enero de 2025 la comisión ya había autorizado la contratación de 37 empleados eventuales para cubrir vacantes por causas similares, bajo un esquema que también aumentó el personal sin pasar por convocatorias abiertas.
Bravo Padilla argumentó que no estaba de acuerdo con las contrataciones porque la Comisión de Administración estaría transfiriendo atribuciones que legalmente le corresponden al secretario general, sin mecanismos claros de supervisión o transparencia, mientras que Casillas Guerrero optó por no tomar postura.
SÓLO UN VOTO EN CONTRA
El acuerdo avalado por la Comisión de Administración sólo tuvo un voto en contra: el del coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, así como una abstención: la de la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero. Los demás diputados, de MC, Morena, PAN, PRI, PVEM y PT, votaron a favor.
jl/I