Los servicios secretos tapatíos

Todas las administraciones municipales de Guadalajara han tenido su grupo de civil, armado, que ilegalmente investigaba y detenía a supuestos o reales delincuentes. Todas heredaron, renovaron o crearon su propio equipo que, además, realizaba indagaciones políticas.

Con distintos nombres, subterfugios jurídicos, avales y complicidades, todas lo han tenido a la mano para distintos objetivos. Si el gobierno federal y el gobierno estatal mantienen sus respectivos grupos policiaco-políticos, los ayuntamientos tapatíos nunca se han quedado atrás. Para los alcaldes, disponer de policías municipales encubiertos significa poder. Y lo han usado.

Es por eso que resulta hipócrita la discusión sobre la unidad que opera bajo el mando del comisario tapatío, Salvador Caro, que salió a la luz pública el pasado martes cuando detenían a un motociclista en la colonia Oblatos. Todos los gobiernos municipales de Guadalajara surgidos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han contado con un grupo similar. En eso se parecen. No creo que los alcaldes no estuvieran enterados. A todos, en mayor o menor medida, les ha gustado tener su Cisen chiquito.

De dudosa legalidad, la actuación de esos grupos ha violado derechos humanos. Se ha justificado su mantenimiento porque, supuestamente, contribuyen a mejorar la seguridad pública. La realidad es que han estado al servicio del grupo político que llega a las administraciones municipales. Han detenido delincuentes, pero también torturado personas, vigilado movimientos opositores y se han vinculado al hampa. No rinden cuentas. Se mueven en la oscuridad. Ésa es parte de la historia negra de los ayuntamientos de Guadalajara.

En las primeras décadas del siglo pasado, a ese grupo que operaba en el municipio se le llamó Comisión de Investigación. Después, en 1947, durante la presidencia municipal del líder de la CTM en Jalisco, Heliodoro Hernández Loza, se creó el Servicio Secreto. Era un grupo que primero detenía y luego averiguaba, que usaba la violencia como técnica para interrogar, que protegió delincuentes y desapareció opositores políticos al régimen en los años 70. Era, para decirlo con claridad, un grupo delictivo con placa.

Durante más de 30 años el tétrico Servicio Secreto fue el terror en Guadalajara. Tenía oficinas en el sótano del ayuntamiento, luego en la calzada Independencia y en sitios clandestinos. El gobernador Flavio Romero de Velasco lo suprimió en marzo de 1981.

En su cuarto informe, en febrero de 1982, el mandatario señaló que era una policía que actuaba al margen de la Constitución, que interfería al Ministerio Público y a la Policía Judicial. “Con la supresión de este cuerpo policiaco da término un largo periodo de atracos, vejaciones y arbitrariedades que vulneraban los más elementales derechos de los ciudadanos y que no pueden ser concebidos en un estado que debe ajustar sus actos a los mandatos de la ley”, dijo. Dejó de ser útil.

Sin embargo, continuó bajo otros nombres. Fue suplido. A veces con unos cuantos elementos, en otras con decenas que se movían bajo la égida del jefe policiaco en turno y, claro, del alcalde tapatío y su equipo. Adscritos a la Policía Municipal, hacían jales, operativos, investigaciones, plantones.

Más recientemente, como señaló la propia comisaría, el grupo del escándalo, la Unidad de Información para la Prevención del Delito, existe no de ahora, sino desde los tiempos del entonces alcalde panista Alfonso Petersen. Los responsables de las comisiones de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara debieron conocer la existencia de esa unidad, entre ellos el ahora fiscal general Eduardo Almaguer, en su paso por la administración municipal de Aristóteles Sandoval.

La reciente discusión entre el gobierno municipal y el gobierno del estado debiera comenzar por reconocer que todas las administraciones tapatías, sin importar de qué partido político provenían, han mantenido su propio grupo ilegal. No se hagan.

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JJR/I