Funcionarios que filtren imágenes de crímenes podrían ser encarcelados  

Una pena que va de dos a ocho años de prisión para los funcionarios que filtren o difundan imágenes, video, audio, documentos o información sobre alguna escena donde se haya cometido un delito, es la propuesta del diputado del PRD, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentada en el Congreso de Jalisco.

La tipificación como delito de la difusión de imágenes de cadáveres, partes del cuerpo, lesiones o estados de salud que atenten contra la dignidad de las personas busca evitar que se revictimice a quienes fueron objeto de algún delito. Los servidores públicos que incurran en este delito podrían recibir además, multas que van de los 44 mil 440 a los 88 mil 880 pesos.

“Hay una responsabilidad con las autoridades que hagan mal uso de información reservada para una investigación de un delito. Quien no cumpla con esa responsabilidad, buscamos que tenga una sanción penal y hay un agravante, cuando sean imágenes de mujeres o niños, se pueda tener una mitad más de la pena”, afirmó el legislador.

Velázquez Chávez reconoció que el caso de Ingrid Escamilla, la mujer de 25 años que fue asesinada por su pareja a principios de febrero de este año y cuyas fotografías fueron publicadas por algunos medios de comunicación, no debe repetirse.

“La reforma a la ley busca la dignidad de las víctimas, porque a Ingrid la vamos a recordar con esas imágenes para siempre, además queremos que las autoridades sean responsables, porque esto abonó a la percepción de inseguridad”, explicó el legislador perredista, quien advirtió la importancia de mantener la discreción de las investigaciones para no afectar el debido proceso.

“Queremos que la autoridad sea responsable con esas imágenes, si un ciudadano se encuentra una imagen de ese tipo y la comparte, no se coartará su libertad de expresión ni de los medios de comunicación si les llega", apuntó.

Lo ideal es que las autoridades no aprovechen la circunstancia de estar en el lugar de los hechos para difundir imágenes de forma morbosa, detalló el diputado.

En el Código Penal de Jalisco no existe hasta una sanción a servidores públicos por compartir imágenes, videos, audios o documentos de situaciones donde se haya cometido un delito, pero existe un apartado denominado “Delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos”, al que se busca agregar el nuevo delito.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez adelantó que la iniciativa recibió la adhesión de las bancadas del Partido Verde Ecologista, Acción Nacional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lo que podría agilizar su aprobación a más tardar en mayo.

EH