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Porque nos la quitaron
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) recomendó al gobierno estatal que transparente lo relacionado a los programas sociales que ha implementado durante la pandemia de Covid-19.
En un primer informe de los gastos hechos por el gobierno estatal durante la pandemia, la ASEJ detalló que es necesario que exista transparencia total en las estrategias aplicadas para que la población no tenga dudas sobre el ejercicio del dinero. A la vez, aconsejó al Ejecutivo que haga públicos los padrones de beneficiarios, pero con diversas especificaciones técnicas.
Por ejemplo, recomendó que la información relativa al padrón de beneficiarios del Programa Protección al Empleo Formal, el cual cuenta con un presupuesto de 390 millones de pesos (mdp) y se enfoca en apoyar a micro y pequeños empresarios, sea complementada con la siguiente información: RFC del beneficiario, registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, número de contrato o convenio celebrado con beneficios del programa, plazo otorgado para la restitución de los recursos otorgados y el importe a pagar en cada amortización.
“A efecto de dar cumplimiento con el objetivo del plan, se deben integrar a los expedientes los documentos mediante los cuales se acredite que los trabajadores con motivo de los cuales se otorga el apoyo, efectivamente se encuentran dados de alta en el IMSS, así como la evidencia de que la entidad patronal se encuentra al corriente en sus aportaciones ante al IMSS de manera previa a la ministración del apoyo”, dicta el estudio.
La ASEJ precisó que el gobierno del estado le hizo llegar información relacionada con 10 programas sociales en torno a la pandemia. En total, el Ejecutivo les asignó un presupuesto de mil 475 millones 845 mil pesos.
Al corte del 26 de junio, el gobierno estatal reportó un avance de 57.68 por ciento en la entrega de apoyos, es decir, al cierre del mes pasado se registró un ejercicio de recursos en programas sociales de 851 millones 278 mil pesos.
La dependencia puntualizó que el Programa de Protección al Ingreso –apoya a personas con actividades económicas informales, autoempleo o subempleo– es el que lleva más recursos ejercidos. De 660 mdp asignados, se han entregado 596 millones 870 mil pesos.
En su informe, la Auditoría Superior halló 15 áreas de oportunidad e hizo recomendaciones al Ejecutivo referentes al manejo de la información.
Algunas de ellas, publicadas ayer por este diario, tienen que ver con la falta de claridad en reasignaciones de presupuesto, deuda pública y, principalmente, el Hospital Ángel Leaño, habilitado para atender a pacientes con Covid-19.
El organismo incluso recomendó transparentar cheque a cheque el dinero donado al Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco para el funcionamiento del nosocomio, así como el recurso público erogado. El propósito, añadió, es evitar “sospechosismo” en la inyección de dinero estatal en un inmueble privado.
jl/I