Revelan anomalías en Distrito Iconia

Obras posiblemente a sobreprecio, trabajos sin concluirse a pesar de que existen certificados de entrega-recepción, falta de documentación y pagos de impuestos que no se localizan son parte de las irregularidades que de manera preliminar ha descubierto la auditoría forense gubernamental a las supuestas obras que la empresa Operadora Hotelera Salamanca realizó como parte del convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara para hacerse del predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Distrito Iconia. 

El ejercicio aún no concluye, pero de confirmarse la hipótesis de la auditoría: posibles actos de corrupción, el proceso derivaría en la solicitud de sanciones administrativas y/o penales a través del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), anunció Ileana León González, académica del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y quien encabeza al equipo que realiza la auditoría forense, solicitada a fines de marzo por colectivos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG. 

En el acuerdo entre el Municipio y Salamanca, fijado en diciembre de 2016, se estableció que la empresa debía cumplir con 16 acciones urbanísticas por un monto de 688 millones de pesos (mdp) para mantener el terreno a desarrollar. Según el acuerdo, las obras debieron quedar terminadas a fines de 2018, pero no todas se concluyeron. 

Algunas de ellas incluso se han reportada como ejecutadas por el Municipio en un micrositio habilitado para transparentar el proyecto, pero no están ni siquiera empezadas, como el malecón panorámico proyectado para la zona. 

Lo anterior se ha analizado como parte de la auditoría forense, tarea en la que se busca verificar cuál fue la fuente de financiamiento de las obras que supuestamente ya se ejecutaron. 

Al respecto, León González adelantó que la fuente de financiamiento no sería la empresa constructora, tal como se menciona en documentos de entrega-recepción, sino las propias arcas del ayuntamiento. “Eso lo estamos tratando de delimitar porque no hemos acabado el dictamen”, mencionó en entrevista para InformativoNTR. 

En el ejercicio también se han encontrado obras posiblemente a sobreprecio por dos razones. Una, porque la calidad no corresponde a lo que se menciona en los certificados de entrega-recepción y dos, porque el costo de algunas no es el que en ese año debió manejarse. 

Recalcó además que hay acciones urbanísticas que no están terminadas o llevan sólo un porcentaje de avance y; sin embargo, ya tienen certificados de entrega-recepción. “Se tienen sólo proyectos en documentos, pero no hay ni sellos ni firmas ni mucho menos que se haya ejecutado la obra”. 

Además, indicó que existen proyectos que ya se anunciaron como ejecutados, pero en realidad no existen. Otros tienen certificados de entrega-recepción, pero no pasarían una evaluación al respecto, pues les faltan documentos: “Que se tengan los certificados de entrega-recepción no significa que esté validada la obra y que fue evaluada correctamente”. 

León González añadió que también le llama la atención la parte fiscal de la enajenación, “pues (la empresa) tendría que haber pagado un impuesto de transmisión de dominio que tampoco nos aparece”. 

La académica recordó que una auditoría forense gubernamental consiste en verificar obras públicas con metodologías internacionales, así como en una evaluación técnica, sin estar a favor de una u otra parte, que permita validar lo que indican los marcos normativos. 

Hasta ahora se han detectado 13 obras como parte de la auditoría, la cual va a la mitad. Se espera concluirla en dos semanas. 

Venta podría declararse nula 

El 29 de marzo, NTR Guadalajara dio a conocer que Operadora Hotelera Salamanca vendió a fines de 2017 el predio de Distrito Iconia a Hoteles Riviera. La transacción se hizo por 500 millones de pesos.  

Cuestionada en torno a esta operación, Ileana León señaló: “¿Cómo vas a vender algo de lo que todavía no eres poseedor? Jurídicamente habría vicios en el contrato, pues a pesar de que hubo consenso se incumplieron acuerdos y al no estar las contraprestaciones al 100 por ciento, el contrato tiene vicios y puede declararse nulo”. 

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