La paz disfrazada

Por décadas, la militarización ha sido la respuesta para alcanzar la paz ante la disidencia política o para combatir a los grupos del crimen organizado, misma que, contrariamente, ha provocado la multiplicación de diversas formas de violencia y aumento exponencial de violaciones de los derechos humanos. El país gradualmente se ha convertido en un campo de guerra, donde diariamente se asesinan y desaparecen a decenas de personas.

De acuerdo con las investigaciones e informes de los organismos internacionales y organizaciones civiles se ha documentado que la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, se ha incrementado desde la creación de la Guardia Nacional.

El 21 de septiembre se celebra el día internacional de la paz y, en México, en las últimas semanas el fortalecimiento de los ideales de paz se ha anunciado como la prioridad. Bajo la justificación de que reforzar el poder militar es necesario para garantizar la paz y la tranquilidad se ha dado continuidad a la militarización de las fuerzas públicas, argumentando que corporaciones policiales no han mostrado suficiente capacidad operativa para enfrentar a la delincuencia organizada.

Las reformas aprobadas de manera acelerada por el Congreso federal amplían las facultades de la Guardia Nacional y trasladan el control operativo y su dependencia orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena. Asimismo, la Cámara de Diputados votó por la extensión del periodo previsto para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, apostando a que la militarización sea una realidad mantenida a largo plazo.

Estas acciones, lejanas al restablecimiento de la paz, no sólo representan la apuesta por profundizar la militarización, sino que constituyen una violación a la Constitución, así como son claramente un retroceso en materia de derechos humanos. Parece que a las autoridades ya no les importa ignorar las normas nacionales e internacionales, así como las recomendaciones y sentencias dictadas por los organismos internacionales, mismas que han instado a México a abandonar un enfoque de seguridad pública militarizado y fortalecer las fuerzas civiles.

Además, saben que pueden hacerlo sin consecuencias, porque no existe ningún contrapeso que frene o cuestione su actuación, lo que se ha evidenciado también en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que era innecesario impugnar las reformas, y en caso de que otros actores interpongan acciones de inconstitucionalidad, éstas no serían resueltas en el corto tiempo, lo que permitiría prolongar y proceder con la profundización de la militarización del país de forma ilegal e indeterminada.

Si bien las Fuerzas Armadas han sido consideradas como más confiables, la experiencia en Latinoamérica ha demostrado que el protagonismo militar queda muy cerca del régimen autoritario. Bajo el discurso de paz y defensa del pueblo se disfrazan las intenciones de centralizar el poder y la seguridad pública, y combatir a cualquier enemigo interno en vez de realizar verdaderas transformaciones que, aunque no son populares, son urgentes y necesarias.

Los últimos 16 años han convertido a México en un país en situación de guerra contra la población con miles de “víctimas colaterales” y una aguda fragmentación de la sociedad. Las estrategias de desplegar las fuerzas en las calles sin controles han fracasado. El entrenamiento basado en tácticas bélicas ha generado un estado de terror y constante alerta, además de profunda desconfianza. Los enemigos del Estado se han reconfigurado y ahora cada persona constituye un objeto potencial de violencia.

Queda claro que la solución no es la militarización. Mientras las Fuerzas Armadas no se retiren de la vida pública, la estrategia de seguridad se mantiene centrada en enemigos, y no en las personas cuyos derechos deben ser garantizados. Si no se fortalecen de forma integral las corporaciones civiles e instituciones encargadas de procuración de justicia apostando por revertir la impunidad, ningún despliegue militar podrá erradicar las causas estructurales de violencia, y recuperar la paz y la tranquilidad.

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