Sobre la inseguridad que vivimos los mexicanos

Indiscutiblemente, uno de los derechos inalienables de las y los mexicanos es que el Estado debe proteger su integridad física, psicológica y moral. La garantía está sustentada en convenios internacionales, la Constitución mexicana y las leyes nacionales y estatales; sin embargo, en estos momentos el gobierno federal y los gobiernos estatales no la garantizan a plenitud.

Día con día y a lo largo y ancho del territorio nacional conocemos, gracias principalmente a los medios de comunicación y a las redes sociales, los crímenes y delitos que aquejan a mujeres y hombres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.

Justificaciones como: “Así nos lo dejó la administración pasada”, “diariamente temprano nos reunimos para trabajar en ello”, “ya se abrió una carpeta de investigación”, “ya estamos investigando” y “a los responsables les caerá todo el peso de la ley” resultan ser un bla, bla, bla. Lo cierto es que el trabajo de las y los funcionarios federales y estatales y de los mandos militares ha sido ineficiente e ineficaz y así es como siguen dándose terribles e inhumanos hechos de violencia.

Los partidos políticos en estos momentos discuten, presionan, chantajean y sobornan sobre si los militares regresan a sus cuarteles en marzo de 2024 o hasta 2028, y sobre si la Guardia Nacional (GN) debe estar bajo un mando civil o uno militar. Ahora se plantea una consulta que dicen que no es consulta sobre lo mismo y mientras los crímenes y delitos siguen creciendo como cáncer social.

Lo que los funcionarios federales y estatales y las y los miembros de los partidos deben hacer es reconocer humildemente que las administraciones emanadas de unos y otros partidos, con o sin la participación de los militares, han fracasado y no han avanzado en esa responsabilidad de estado. Deben aceptar que lo que ha avanzado es la delincuencia y que urge una alianza nacional responsable en pro de la seguridad de las y los ciudadanos.

Deben tener claro que sin seguridad, como sociedad y como individuos, no progresaremos, ni viviremos en bienestar.

Hoy, y sin más tardanza, debemos construir entre las y los funcionarios, legisladores, magistrados, jueces, académicos, profesionales, empresarios, ciudadanos organizados, clero, medios de comunicación, etc., una nueva y esperanzadora estrategia nacional integral, científica, multidisciplinaria, interinstitucional e intersectorial para investigar, prevenir, atender y erradicar a corto, mediano y largo plazo los crímenes y los delitos.

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