La clandestinidad

Entre la clandestinidad y la irregularidad, la dignidad humana parece no existir. Durante los últimos meses, en Jalisco se han develado diversos patrones de abusos y graves violaciones a los derechos humanos en albergues y centros de rehabilitación, donde se han documentado casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia de género, desapariciones, trabajo forzado o hasta la privación de la vida, como sucedió en la Cofradía, Tlaquepaque.

Recientemente, tras un operativo de la Fiscalía del Estado, en un centro de rehabilitación de Puerto Vallarta se encontraron tres personas que estaban privadas de la libertad en contra de su voluntad, quienes sufrieron abusos físicos y maltrato. Este caso no es una excepción, ya que en muchas ocasiones las personas entran a estos sitios sin un consentimiento informado, siendo víctimas de engaños y violencia. Incluso se ha documentado que estos lugares han servido como herramienta de control de los grupos del crimen organizado para construir sus bases operativas, forzando a las personas retenidas a realizar actividades ilícitas.

Estas prácticas crueles y oscuras son violatorias a los estándares internacionales. En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura publicó un informe sobre la tortura en instalaciones de atención a la salud enfocadas en el tratamiento de la dependencia a las drogas, recomendando realizar investigaciones para velar que en los mismos no ocurran actos de tortura y malos tratos.

Asimismo, en 2015 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU señaló que la detención involuntaria con la finalidad de tratamiento constituye una detención arbitraria, y que el consumo o dependencia a las drogas de ninguna manera justifica la detención. Además, en 2022 el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada instó a las autoridades mexicanas a establecer controles efectivos de dichos lugares, recomendando generar un censo de los mismos y el registro de las personas usuarias, resaltando una clara vinculación entre estos establecimientos con la desaparición de personas.

Cabe destacar que en México la ley general en materia de tortura establece la obligación de crear el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mismo que debe encargarse de supervisar de manera permanente y sistemática los lugares de privación de la libertad, incluyendo el acceso sin previo aviso o restricción alguna a los centros de rehabilitación. En este sentido, en Jalisco en 2019 se creó el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A pesar de que el mismo se ha presumido como el primer mecanismo estatal de esta naturaleza, a la fecha se desconocen sus acciones, logros e impactos de su labor, además de caracterizarse por su silencio y pasividad ante los recientes sucesos.

En Jalisco, de acuerdo con el Censo Estatal de Establecimientos de Atención Residencial de Adicciones 2021, se han contabilizado 390 centros de rehabilitación, aunque se desconoce cuántos de ellos operan al margen de la ley. Si bien en agosto de 2022 el gobierno de Jalisco anunció la revisión exhaustiva para detectar irregularidades en dichos establecimientos, a la fecha no han sido públicos los alcances de esta intervención. Asimismo, queda pendiente la aprobación de la ley de prevención, atención integral y erradicación de las adicciones, que abonaría a fijar responsabilidades institucionales y vigilar adecuadamente estos espacios.

Aunque varios de estos sitios son privados, las autoridades tienen una clara responsabilidad de garantizar que cumplan con la normatividad y asegurar la prevención de la tortura y malos tratos, además de sancionar la comisión de estas prácticas. Se requiere también reforzar las políticas de prevención de consumo de drogas, atención de las adicciones y reducción de riesgos.

Los esquemas de complicidad, impunidad y encubrimiento han prevalecido en la operación de estos establecimientos. La dilución de las responsabilidades del Estado ha abonado a la repetición de las atrocidades, convirtiéndolos en lugares de esclavitud y desechamiento, normalizando la inexistencia de los derechos de las personas usuarias, como si merecieran ser castigadas, en vez de brindarles el apoyo y protección que necesitan.

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