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Es vergonzoso el aumento en las prerrogativas que recién aprobaron diputados locales para sus respectivos partidos políticos. Lo que justificaron como un triunfo en realidad es un oprobio. La defensa que han hecho del incremento en el financiamiento público los exhibe como legisladores al servicio de sus intereses y los de sus dirigentes y respectivos partidos, que en las circunstancias actuales no coinciden con las ingentes y diversas necesidades de recursos públicos que demandan las problemáticas de Jalisco.
La incongruencia de los partidos políticos es lo primero que se advierte en la decisión de los diputados. Un ejemplo es el de Movimiento Ciudadano (MC). Por un lado, a nivel nacional los senadores emecistas destacan, como indica Claudia Delgadillo, que llevan tres años luchando porque “el dinero de la gente realmente le sirva a los ciudadanos”, por lo cual han presentado iniciativas “para eliminar financiamiento público a los partidos políticos”. Clemente Castañeda la secunda con una afirmación: “Ni un peso más a los partidos políticos; es la consigna de Movimiento Ciudadano”. Por el otro lado, en Jalisco se aumentan las prerrogativas para el año próximo, como confirma el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tendrán más dinero, sin un falso ahorro, en un año no electoral.
Además, se autoadjudican aumento en el financiamiento cuando, previamente, intentaron incrementarse su sueldo como legisladores. Escabulleron asumir que iban tras una tarascada al erario, aunque extraoficialmente reconocían que sí gestionaron esa medida que engrosaría sus bolsillos y chequeras. Detrás del empecinamiento en obtener recursos se puede advertir un ansia llamada, en términos populares, como centavera.
Que los cinco partidos políticos con registro nacional (MC, PRI, PAN, Partido Verde y Morena) aprobaran la reforma al artículo 13 de la Constitución de Jalisco para, cambiando la fórmula de reparto, triplicar sus prerrogativas los deja mal parados al no destinarlos a los graves problemas de seguridad pública, que incluye a los más de 15 mil desaparecidos; de contaminación ambiental; de salud pública, solo por mencionar algunos. Las prioridades no las marcan sus discursos, sino los fondos destinados a políticas públicas específicas.
Por ejemplo, en NTR publicamos en septiembre un texto de Lauro Rodríguez donde informa que la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco solo cuenta con 32 personas, la mayoría personal administrativo; y que apenas tiene 11 técnicos para buscar y localizar a los miles de desaparecidos. En lugar de apoyar a dependencias como la comisión, la mayoría de los legisladores busca servir a sus partidos no con cuchara, sino con cucharón.
La paternidad de “Sin voto no hay dinero” se la disputaron y la apoyaron partidos políticos y personajes, entre ellos el gobernador Enrique Alfaro, para luego, ya en el poder, echarla abajo. Detrás del injusto aumento que aprobaron los legisladores están, también, venganzas políticas contra los partidos Futuro y Hagamos, por diversas razones; entre ellas, en el segundo instituto, el Congreso local es uno de los escenarios del enfrentamiento entre la UdeG y el gobierno estatal.
Más allá de los montos aumentados fast track, las disputas políticas, las incongruencias de lo que ahora es sí y luego no, y la insensibilidad a las problemáticas de Jalisco, destaca también un manejo que podría rayar en lo que harían mercaderes del erario; o si se quiere, de comerciantes de la política basada en allegarse más y más recursos económicos, sin pudor alguno. Si se deja a un lado el monto, sobresale la actitud política de aprovecharse del cargo. Eso daña cualquier reputación y credibilidad. En vez de discutirse alternativas sobre cómo derivar recursos en un Jalisco atosigado de problemas que necesitan fondos, la atención se ha enfocado en cómo evitar que los partidos se salgan con la suya, precisamente con esos fondos públicos. ¡Vaya legislatura!
@SergioRenedDios
JB