Golpe a más pobres, el alza al transporte

El viernes por la noche el Congreso del Estado aprobó por mayoría la nueva ley de movilidad del estado, que incluye la indexación de la tarifa del transporte público urbano a partir de la segunda mitad de 2024, lo que significa que podrá incrementar año con año en proporción a la inflación y al aumento de los insumos necesarios para operar el servicio. Según Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador especialista en temas de desigualdad por la Universidad de Guadalajara (UdeG), la decisión pegará al bolsillo de los más pobres. 

En entrevista, el investigador precisó que los datos indican que quienes más usan el transporte público urbano son los ciudadanos de los estratos socioeconómicos más bajos, por lo que son los que se verán principalmente afectados. 

“El tema que vemos preocupante es la indexación de los precios del servicio de transporte público a la inflación. Actualmente la inflación está en los niveles más altos de los últimos 20 años, prácticamente, y justo es muy riesgoso que se esté pensando que automáticamente vaya subiendo el costo del transporte, sobre todo para los hogares más pobres. El dato es que los que más dedican parte de sus ingresos al tema del transporte público son los hogares más pobres (…) El 10 por ciento más pobre, comparado con este 10 por ciento más rico, vemos que prácticamente equivale a cuatro veces más el gasto”, precisó. 

Jaramillo Molina lamentó que los diputados no consideren al transporte público como un derecho humano ni como un servicio para la población, pero sí lo vean como un negocio para los empresarios al indexar la tarifa a partir del segundo semestre de 2024 de acuerdo con la inflación y al avalar un subsidio a los transportistas en la ley. Para 2023, el gobierno del estado entregará a camioneros una bolsa de 500 millones de pesos (mdp) a cambio de mantener la tarifa en 9.50 pesos en lo que resta de la administración actual. 

EVITAN COSTO POLÍTICO

Al patear la indexación de la tarifa hasta 2024, los partidos que avalaron la nueva ley de movilidad, es decir, Movimiento Ciudadano (PAN), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) buscan el menor costo político, según Jaramillo Molina. 

Como el nuevo esquema comenzará a ser válido a partir de la siguiente administración y después de las elecciones, el costo político lo asumirá el siguiente gobernador y no los actuales diputados o Enrique Alfaro Ramírez. 

El experto abundó en que en lo que resta de la administración habrá quien no se dé cuenta de que la tarifa ya incrementó de manera real al no costarle directamente a su bolsillo; sin embargo, sí la pagará con la bolsa de 500 mdp, pues proviene de los impuestos ciudadanos. Eso, recalcó, reducirá el costo político de la decisión rumbo a 2024. 

“Es un presupuesto que se está yendo a privados en lugar de a otra cosa que pudiera hacer el gobierno, desde ahí ya está afectando a los hogares. El problema es que se está haciendo de manera indirecta, para los hogares es menos sencillo que se den cuenta que se está atentando al presupuesto público (…) Que (la indexación) se vea más claro para el siguiente gobierno, es prácticamente patear el problema a alguien más adelante y que esto sea el problema del siguiente gobierno, pero ya se está asegurando que va a haber un aumento”. 

Jaramillo Molina indicó que otro punto negativo de la nueva ley es que a los usuarios del transporte público de ingresos medios o altos que veían en el servicio una alternativa al uso del vehículo, ya no les sea atractivo y regresen al coche. 

La nueva ley de movilidad no solo contempla la indexación de la tarifa del transporte público, sino también un nuevo y reducido Comité Técnico Tarifario, instancia a cargo de los aumentos al pasaje. Antes de la legislación, el ente estaba integrado por 13 personas, pero el nuevo sólo tendrá ocho y en él no estarán representados los usuarios, las víctimas, las cúpulas empresariales y, probablemente, la Universidad de Guadalajara (UdeG). 

Legislación avala mototaxis y contempla alzas en multas  

La nueva ley de movilidad identifica a los mototaxis como transporte comunitario y considera que sus operadores deben pedir un permiso para brindar el servicio. 

En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la expedición de una norma técnica que los regulará, la Secretaría de Transporte (Setran) deberá efectuar un censo de este tipo de vehículos para contar con un padrón. 

Por otro lado, la ley incrementó multas a automovilistas con el argumento de garantizar la seguridad del peatón. 

Por ejemplo, los motociclistas que lleven como acompañante a un menor de edad que no pueda sujetarse por sus propios medios pagarán entre mil 924 y 5 mil 772 pesos de multa. Antes les cobraban entre mil 443 y 2 mil 405 pesos. 

También se castigará con mayor severidad el no respetar el derecho de paso al peatón o invadir los accesos o las zonas peatonales, pues el rango de multa pasó de entre 96.2 y 481 pesos a 962 y mil 443 pesos.  

La sanción para quienes hablen o manden mensajes por celular mientras manejan también aumentó al pasar de entre 481.10 y 962.2 pesos a mil 443 y 2 mil 405.5 pesos. 

La promotora de la nueva ley, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Mónica Magaña Mendoza, negó que sea recaudatoria. 

“Las únicas multas que están incrementándose (son) las que ponen en riesgo la vida del conductor y del usuario”, afirmó en tribuna. 

En contraste, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Óscar Vásquez Llamas consideró que sí es recaudatoria. Jessica Pilar Pérez

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