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Legisladoras listillas
Al Rey Sol
Los eventos de inseguridad de alto impacto se han vuelto una constante en la zona metropolitana; desde homicidios en contra de empresarios y funcionarios de alto nivel hasta el uso de armas de fuego en lugares como el Palenque. La inseguridad y violencia acontecen en cualquier lugar y horario, con mayor participación del crimen organizado, que muestra su capacidad de operar.
Ante la impunidad y complacencia de las autoridades, ya resultan sólo simulación los operativos, blindajes o cualquier otra estrategia que solo queda en el discurso político. Es frívolo e insensible que el gobernador nos diga que la situación está controlada y que sigamos con nuestras actividades normales; claro, es sencillo decirlo para alguien que trae escolta, que se transporta en vehículos blindados y que vive en el lugar más vigilado en el estado, nada más ni nada menos que Casa Jalisco, pero para quienes no contamos con esos privilegios la realidad es diferente.
Ya resulta ocioso insistir en que en Jalisco el modelo de seguridad al que se le ha apostado es reactivo y no preventivo, y que las “estrategias de seguridad” en realidad son la utilización de los cuerpos policiales como un brazo político, frente a la crítica de quienes operan la seguridad pública a las y los expertos o la academia para que den soluciones a la problemática de inseguridad que vivimos, debemos decirles que quien cuenta con los recursos e infraestructura para replantear las acciones de seguridad en el estado es el gobierno; frente a esto encontramos un coordinador de Seguridad y un secretario de Seguridad Pública que creen que cumplir con su trabajo es acudir a los servicios cuando ya acontecieron.
Sensibles a la grave problemática que vivimos planteamos algunos puntos que deben observarse de manera imperativa en el replanteamiento de la estrategia de seguridad en el estado: 1) que la autoridad reconozca que la propuesta inicial en materia de seguridad no es la correcta; 2) debe migrase a una estrategia preventiva otorgando presupuesto a las policías municipales, previo diagnóstico de las necesidades más apremiantes y de aquellas que hoy se encuentran severamente debilitadas debido al abandono presupuestal que padecen.
3) Considerar que la seguridad es un derecho y no un privilegio solo de pocos; 4) reconocer que existe desigualdad al proporcionar el servicio de seguridad, mientras unas zonas cuentan con recorridos de vigilancia intensos en otras existe ausencia de patrullaje; 5) establecer un piso mínimo de seguridad para toda la ciudadanía; 6) establecer de manera clara a nivel reglamentario las funciones formales, incluso las informales de las policías.
7) La seguridad pública no solo se trata de policías, por ello debe transversalizarse el otorgamiento de los servicios básicos, alumbrado público, el servicio de recolección de basura, mantenimiento de los espacios públicos, etc., por ello la estrategia deber ser integral y no sólo pensada desde el ámbito operativo; 8) en otros países que cuentan con nuestro mismo contexto resulta una práctica exitosa el patrullaje mixto, es decir, una estrategia conjunta entre las policías municipales y la estatal, con enfoque de derechos humanos y de género; 9) asumir en cada acción la multidimensión del fenómeno de la violencia y la delincuencia; 10) migrar de manera progresiva a un modelo de seguridad ciudadana en el que se fortalezcan los vínculos con cada uno de los sectores de la sociedad.
Estas sólo son algunas ideas de cómo podría mejorarse la seguridad en el estado en respuesta a la crítica que el funcionariado público realiza a la academia, pero sobre todo es una respuesta al hartazgo social del clima inseguridad y la ola de violencia en la que vivimos las personas en Jalisco.
*Doctora en derecho
[email protected]
jl/I