Entre la vida y la muerte

Ante la dolorosa realidad de más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar en fosas comunes e instalaciones de servicios forenses en México, muchas personas que buscan a su ser querido desaparecido apuestan a la búsqueda entre los muertos.

Aunque la esperanza se mantiene, y en la búsqueda siempre debe predominar la presunción de vida, por la espiral de violencia basada en la falta del respeto hacia la vida y constantes hallazgos de fosas clandestinas, la intuición parece decir lo contrario.

La incertidumbre empuja a realizar las búsquedas en campo; sin embargo, existen pocas certezas de qué manera posteriormente se procesan los cuerpos hallados y qué sucede con la información forense recopilada. Ante ello, las familias comparten la información por su propia cuenta o acuden a los Semefo de todo el país, asegurándose de que se realice el cotejo de los perfiles genéticos y que su familiar no se encuentre allí.

La semana pasada escribí sobre los retos para transitar de las leyes y políticas públicas a la realidad y, nuevamente, la historia se repite. Pese a la gravedad de la crisis forense en el país y la obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de la Ley General en Materia de Desaparición, de crear hasta enero de 2019 el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), a la fecha esta herramienta no ha iniciado su operación, y ante los esfuerzos aislados, la información forense en México queda fragmentada.

El BNDF está conformado con las bases de datos de los registros forenses de todo el país, mismos que deberán estar interconectados y actualizados en tiempo real. Al concentrar toda la información forense a nivel nacional, relevante para la búsqueda, identificación e investigación de delitos de desaparición, se permite realizar la comparación de manera constante y automatizada, aumentando las posibilidades de encontrar y dar identidad a las personas. Además, se evita que familiares de personas desaparecidas tengan que viajar de un estado a otro, contrarrestando la revictimización, retrasos, incertidumbre y afectaciones económicas y emocionales.

Ante la omisión de la FGR, mediante una resolución judicial a raíz del amparo presentado por Olimpia Montoya, acompañada por el Centro Prodh, se ordenó que la Fiscalía ponga en marcha el BNDF en 40 días hábiles y que debe hacer lo necesario para alcanzar este objetivo. Asimismo, se reconoció que su creación es fundamental para las garantías de los derechos a la verdad, la justicia, reforzando también el derecho de cada persona a ser buscada.

La respuesta de la FGR demostró ignorancia y deslinde de asumir la responsabilidad. La Ley General deja clara su obligación de coordinar la operación y centralizar la información del banco nacional; sin embargo, la institución informó que su competencia solamente se limita a la información genética que se deriva de los casos del fuero federal, y que su tarea de integrar dicha información ya fue cumplida.

Si bien compartir la información es de competencia de las fiscalías locales y otras instituciones, el banco está a cargo de la FGR y es su responsabilidad liderar la recopilación de la información y poner en operación esta base de datos. La negativa de la FGR para concluir la construcción del BNDF y atribuir el retraso a otras instituciones reafirma su resistencia de buscar a las personas desaparecidas y abona al agravamiento de la crisis forense en el país.

En el marco del Día de los Muertos, Baruc, hermano de Wendy Sánchez, desaparecida en enero de 2021, preguntó en su cuenta de Twitter, “¿En qué altar ponemos a nuestros desaparecidos?”. La resolución lograda abre esperanzas para romper con esa incertidumbre y ayudar a que las personas desaparecidas sean buscadas y regresen a sus casas. Sin muestras de voluntad de las autoridades y al no saber, familiares de personas desaparecidas, en seguimiento a la sentencia, se encontrarán bajo una condena de vivir constantemente el dolor equiparable a tortura y malos tratos por aún más tiempo.

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