Entre miedo e ignorancia

Los discursos autoritarios se basan en verdades consideradas como únicas e indiscutibles. Aunque reflejan realidades distantes a las experiencias que vive la sociedad, no existe apertura para generar diálogo y cualquier intento de cuestionar los mensajes impuestos, convierte a la persona emisora en el enemigo del poder, a quien se agrede públicamente o en silencio. ¿Suena parecido? 

El martes pasado el gobernador de Jalisco presentó el cuarto Informe de Seguridad, dando a conocer estadísticas que de forma exitosa pretenden demostrar avances en materia de seguridad y procuración de justicia, sin que se profundice sobre las acciones institucionales o las causas de las dinámicas delictivas de la entidad. La información compartida más que abonar a la claridad, ocasionó confusión e incertidumbre, puesto que los datos presentados parecen lejanos a la cotidianidad que se vive en Jalisco, donde las balaceras, enfrentamientos, narcobloqueos o desapariciones no son ni esporádicas ni aisladas. 

El informe fue llevado a cabo a puerta cerrada, con poca difusión, sin permitir la entrada a los medios de comunicación, y menos a organismos civiles o víctimas. Queda más que claro que no existe apertura para rendir cuentas, lo que es indispensable para la construcción de los valores democráticos, e implica la participación ciudadana, diálogo y atención a cuestionamientos. De nueva cuenta, se intentó responsabilizar de la situación actual a la administración pasada, utilizar la narrativa de buenos y malos, además de culpar a los medios de comunicación por "querer que le vaya mal a Jalisco" al atreverse a informar de forma crítica. La soberbia no ha permitido a las autoridades comprender los impactos en materia de seguridad y menos asumir la responsabilidad. La respuesta ha sido negar y borrar, y quebrantar lo poco que queda de libertad de expresión y libre ejercicio de la labor periodística. 

Pero allí no acaba. Diversos datos presentados durante el informe han sido usados de forma manipulativa y selectiva, apostando a la minimización de la violencia, la criminalización y revictimización. Se han detectado discrepancias en comparación con las bases de datos oficiales, sin explicar los motivos de estas diferencias, como lo son el número de personas desaparecidas o el registro de víctimas exhumadas en fosas clandestinas. Es preciso mencionar que desde junio de 2021 debía haber concluido la consolidación de los registros estatales en materia de desaparición, mismos que podrían brindar mayor certeza sobre las cifras. 

En lo que corresponde a los hallazgos de fosas, estos se han presumido como resultados del trabajo institucional en materia de búsqueda, sin embargo, no se visibilizó que ello se ha logrado gracias a familiares de personas desaparecidas, quienes han impulsado y ejecutado la mayor parte de los esfuerzos. Además, no se dimensiona que el incremento de fosas clandestinas también es el reflejo del fortalecimiento de las estructuras criminales y agravamiento de la violencia, considerando que la mayoría de los cuerpos encontrados, aparentemente coinciden con el periodo del gobierno de Enrique Alfaro. 

Uno de los señalamientos más graves ha sido afirmar que 10 por ciento de las personas desaparecidas en Jalisco son víctimas del delito y que el resto de personas “desaparecen por voluntad propia, que se van y luego aparecen”. Este dato revictimiza, contradice la información oficial proveniente del propio SISOVID, no respeta el marco jurídico de desaparición, además de que resulta inconcebible realizar tales declaraciones cuando en Jalisco la impunidad en la materia es de 99.1 por ciento, y existen escasas investigaciones exhaustivas que pudieran abonar con los elementos que las confirmen. Es un discurso peligroso que carece de sensibilidad y refuerza los estigmas sociales predominantes durante este sexenio. 

Aunque las autoridades buscan controlar la verdad y la sociedad prefiere no saber, las calles de Jalisco están llenas de miedo, sangre y fichas de personas desaparecidas. La gente vive en constante alerta, incluso en sus propias casas. Minimizar la realidad y sabotear la rendición de cuentas es burlarse de la población afectada. Entre miedo e ignorancia se posibilita un mayor control de nuestras vidas con acciones cada vez más audaces, sin que ni siquiera nos demos cuenta. 

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