La relevancia de la participación ciudadana

En el desarrollo de nuestro país, durante las últimas décadas del siglo pasado se generaron cambios importantes y trascendentes en la gestión de la vida pública y política. Por una parte, la transformación de las personas como entidades con derechos soberanos, de los cuales el gobierno, es decir, el Estado, debe reconocer y respetar, marcó una diferencia cualitativa respecto del ejercicio del poder a lo largo de la época del autoritarismo ejercido por el PRI posrevolucionario. Así, el establecimiento de la condición de respeto al ciudadano en su condición de persona se transformó a través de la cláusula de derechos humanos.

De esta forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constituyó un importante elemento jurídico que marcaba límites, muy trascendentes, respecto de las actuaciones unilaterales de los gobiernos. No significa que las inequidades o abusos hayan desaparecido, sino más bien que se estatuyó un marco jurídico para establecer límites a la acción del Estado en respeto absoluto de los derechos de las personas. Por esta razón, constitucionalmente, se estableció la CNDH como un organismo autónomo para determinar con claridad el marco regulatorio en el que intervienen ciudadanos y gobierno, y los alcances y obligaciones que de acuerdo con la Constitución forman parte de las facultades ciudadanas y el régimen legal de acción del Estado.

Por otra parte, en el mismo periodo, década de los 90, además de los derechos ciudadanos se generó, luego de una larga cadena de transformaciones de los órganos regulatorios de los procesos electorales, una institución encargada profesionalmente de la organización de las elecciones. El órgano regulador electoral, el Colegio Electoral, era una dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación, es decir, a una instancia directa del Ejecutivo. El problema durante esa fase de nuestra historia la constituía el hecho de que el órgano regulador de los procesos electorales funcionaba como juez y parte, es decir, totalmente integrado al partido hegemónico del que se derivaba un candidato, regulado por ese órgano electoral proclive al triunfo de esa marca electoral y, por otra parte, como estructura promotora del partido en el poder.

El establecimiento de un procesamiento organizado y sustentado en una representación ciudadana y no partidista establecía, en esa década del 90 y todo lo que va del presente siglo, una institución de ejercicio profesional, no sin problemas, que generan una certeza del respeto del voto ciudadano, el Instituto Nacional Electoral (INE). De esta forma, el procesamiento de las condiciones para el ejercicio político, de partidos y órganos electorales, a través de la presencia de una estructura institucional y constitucionalmente autónoma, generaba la complementación de la práctica ciudadana en ejercicio de sus derechos.

La puesta en marcha de esas dos instituciones, CNDH e INE, ha significado un progreso importante que genera certidumbre en la práctica de los derechos ciudadanos y del respeto al voto en la dimensión de la representación política. El reto actual lo constituye el hecho de poder establecer mecanismos organizativos que potencien las estructuras institucionales y de certeza ciudadana.

Precisamente, por esa razón, la relevancia de las reformas, incluyendo la electoral, constituyen un reto, no para los partidos o para el gobierno, sino de un elemento abarcador general que es la sociedad. El debate, en cualquiera de los sentidos que se presente, constituye un elemento fundamental para un trabajo plural y representativo, porque se encuentra en juego el sostenimiento de un saludable Estado de derecho.

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