Carencia de argumentación legislativa

Esta semana, de la manera más vergonzosa posible, la mayoría legislativa del Congreso de Jalisco, integrada por los partidos MC, Morena y PAN, aprobó de manera rápida y sin discusiones el proyecto de presupuesto para 2023 que envió el gobernador, sin leerlo, y haciendo unos pocos ajustes, pero sin dar argumentos que sustentaran la necesidad de realizarlos, pese a que aún contaban con poco más de tres semanas para discutirlo, ajustarlo y aprobarlo.

Afirmo que esa manera de proceder es vergonzosa porque implica un abuso del poder que les delegamos a quienes nos representan en el Congreso, puesto que nos negaron la posibilidad de atestiguar y participar en el debate en torno a los criterios para asignar los recursos del pueblo de Jalisco. De hecho, estaba prevista la realización de varias mesas técnicas, en las que, junto con organizaciones ciudadanas y académicas se discutiría si los montos asignados a rubros como la búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, eran los suficientes.

Habrá quien afirme que las y los diputados actuaron así porque la ley se los permite, pero plantear eso es absurdo, porque ya sabemos que tienen la facultad para tomar decisiones sobre el presupuesto público, y si no fuera así, no tendría caso discutir el asunto. El hecho es que no fundamentaron con argumentos la decisión que tomaron, es decir, no nos rindieron cuentas del uso de sus facultades.

Me explico. La argumentación procura convencer a otras personas de que una propuesta es razonable, que merece ser respaldada, y para eso presenta las evidencias que respaldan una serie de afirmaciones encadenadas u organizadas de una manera lógica. Quien utiliza de manera adecuada la argumentación, muestra respeto por las demás personas, ya que al hacerlo les reconoce su inteligencia, y su capacidad para juzgar por sí mismas, a partir de la información que se les proporciona.

Cuando quienes ejercen una función pública se niegan a argumentar, y utilizan el poder para imponer una decisión, no solo son irrespetuosos, sino que ponen en evidencia que su decisión o no tiene suficiente sustento, y por lo tanto pudiera no ser la más adecuada, o que tienen motivos ocultos para tomarlas, y no quieren que nos enteremos, para que no vayamos a intentar obstaculizar su realización.

Además, una argumentación clara y convincente genera legitimidad, ya que le da a la población motivos claros para respaldar las decisiones tomadas por la autoridad, y evita que busque proteger sus propios intereses, o buscar la justicia, por medio de acciones que pueden resultar destructivas. En cierto modo, podemos decir que argumentar bien es una herramienta para construir la paz.

Por eso, en el caso de quienes tienen funciones legislativas, negarse a argumentar es una falta muy grave, porque el Congreso es el sitio en el que se deben ventilar y discutir todos los asuntos públicos que son motivo de conflictos. Ahí se deben resolver las cuestiones de interés general, a diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial, que atiende conflictos particulares.

Así que quienes aprobaron el presupuesto de Jalisco para 2023, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, tanto porque no le rindieron cuentas de los criterios para tomar sus decisiones, como por negarse a escuchar las razones y argumentos que les podrían presentar para ayudarles a tomar una mejor decisión, demuestran que solo obedecen a una persona, la que decidió cancelar el diálogo. Y la historia nos ha mostrado que el gobierno de una sola persona, la autocracia, siempre es peligrosa, hasta para quienes la respaldan. ¿Queremos eso para Jalisco?

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