Voces internacionales, oídos sordos

El 26 de noviembre del año pasado el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó su visita a México, emitiendo posteriormente una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades, basadas en los retos específicos del país. Varias de estas recomendaciones no han sido nuevas; incluso han sido repetidas por otros organismos internacionales, como el llamado a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública, que desde hace 16 años ha producido una espiral de violencia y derramamiento de sangre.

El CED expresó por primera vez en 2015 su preocupación por la situación en México, observando desde entonces un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del país. Además, al finalizar su visita en 2021, nombró las desapariciones como el paradigma del crimen perfecto y resaltó la impunidad casi absoluta y estructural que favorece la reproducción y encubrimiento de las desapariciones forzadas.

Una de las principales recomendaciones fue adoptar una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones; sin embargo, en vez de que las autoridades establecieran las acciones de prevención, tan sólo en Jalisco el número de personas desaparecidas se ha incrementado 8 por ciento en el último año. Esto nos lleva a preguntar si esta situación podría evitarse si el cumplimiento de las recomendaciones se hubiera priorizado desde un inicio.

El panorama de desapariciones ha empeorado en los últimos años, a pesar de haber mayor apertura de México al escrutinio público internacional e incluso, el cumplimiento de varias recomendaciones emitidas en fechas anteriores. Se han logrado avances legislativos en materia de víctimas y desaparición de personas, se han creado instituciones especializadas o herramientas de búsqueda. Sin embargo, es cuestionable hasta qué punto estas acciones han transformado la realidad de las víctimas y han abonado al verdadero acceso a la verdad, justicia y reparación integral, tan sólo recordando que en Jalisco la impunidad para delitos de desaparición es de 99.1 por ciento.

Asimismo, varias recomendaciones se consideran formalmente cumplidas, aunque no cuentan con mecanismos de seguimiento y evaluación, y recursos asignados para su materialización. Al respecto, en la columna pasada recalqué que el presupuesto constituye una verdadera muestra del compromiso de las autoridades para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que ha conllevado a cuestionar la verdadera intencionalidad del Estado. Además, existen diversas recomendaciones que siguen sin atenderse, evidenciando que aún la gravedad del contexto no ha abonado a que se prioricen las acciones para erradicar la problemática.

A fin de generar una estrategia nacional para el cumplimiento de las recomendaciones del CED, en octubre pasado, la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración presentó un mecanismo nacional de seguimiento para atender las recomendaciones emitidas. En seguimiento a esta iniciativa, en noviembre las autoridades suscribieron una Carta de Entendimiento para refrendar el compromiso de su participación en dicho mecanismo, al cual se sumaron 27 secretarías generales y 25 fiscalías estatales, incluido Jalisco. Es un paso fundamental que podría despertar las voluntades y reforzar las capacidades institucionales, y esperamos que contribuya al cumplimiento de las recomendaciones, impulsando también el involucramiento proactivo de las entidades federativas.

Las recomendaciones internacionales no son un documento teórico más, inventado por personas expertas ajenas a las problemáticas que vivimos. Son propuestas de acciones concretas que parten de la realidad que afecta a la población, además de reconocimiento de las experiencias de las víctimas. Su implementación podría impulsar cambios estructurales; y aunque a veces no se dan resultados a corto plazo, podrían generar un impacto real y duradero. En México son actualmente más de 108 mil personas desaparecidas, en Jalisco hay más de 15 mil, y cada día, sin consecuencia alguna, desaparecen más personas, dejando “huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto”. Para ninguna persona desaparecida debe haber espacio de excusa para no actuar. Ojalá las autoridades asuman los compromisos que les tocan para comenzar a construir un futuro sin desapariciones.

[email protected]

jl/I