De víctimas a criminalizadas

Los casos en los que las mujeres se arman de valor y acuden ante las autoridades a denunciar violencia física o sexual y que se revierten en su contra cada vez son más comunes en Jalisco y deberían prender las luces de alerta. En los últimos meses se han hecho públicos casos en los que relaciones con funcionarios en el poder han sido suficientes para que quienes denuncian se conviertan en las señaladas e incluso dos de ellas estén en la cárcel.

El caso más reciente es el de Gabriela Escamilla, quien denunció a su hermano después de que la hija de éste, de 5 años de edad, le dijo que su papá había abusado de ella. La denuncia no sólo no avanzó, sino que la tía de la menor fue detenida y está en prisión preventiva.

El delito que se le acusa está basado en lo que se conoce como Ley Olimpia, ya que ella aportó una fotografía para que fuera tomada en cuenta por la autoridad como prueba y ahora se le señala que violó la intimidad de la pequeña.

El abogado de Gabriela, Héctor Pérez, aseguró que el papá de la niña es un importante proveedor del gobierno del estado y además un hombre con poder económico.

Otro caso en donde la persona señalada tiene cercanía con el gobierno es el de Laura Lucía Bervera, quien era trabajadora de la empresa Operadora de Servicios Mega y denunció al director general, Ignacio Javier, de acoso sexual.

Según ha relatado Laura, todo comenzó con insinuaciones y llegó hasta que la tocó, por lo que en enero pasado ella se decidió a presentar una denuncia. El problema fue que el seguimiento a sus acciones legales se le notificó en su trabajo en lugar del domicilio que ella fijó, por lo que su jefe se enteró. El proceso no avanzó y después la empresa la denunció por fraude.

La Fiscalía sí actuó ante la denuncia de la empresa y detuvo a Lucía el 28 de septiembre pasado. En un escrito que hizo público, denunció tortura por parte de las autoridades, además de que continúa privada de la libertad.

La empresa Operadora de Servicios Mega fue contratada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que proporcionara el servicio de arrendamiento de maquinaria pesada, un contrato de 3 mil 634 millones de pesos. Además, cabe recordar que el propietario de esta empresa, Guillermo Romo, fue captado en la transmisión de un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles, acompañado en las primeras filas por Enrique Alfaro y la diputada federal Mirza Flores.

La misma legisladora Mirza Flores fue señalada también en otro caso, en el que el hermano de su esposo fue denunciado por violencia contra su hijo y la madre de este. En este caso tampoco se actuó e incluso se entregó la custodia del menor al presunto violentador, Ángel Ulises.

También podemos recordar el caso de Blanca, ex pareja del ex magistrado José de Jesús Covarrubias, quien fue denunciado por abuso sexual contra una menor de edad.

La menor víctima es sobrina de Blanca y a pesar de los videos en los que fue captado el magistrado, éste no ha sido detenido y además se dio entrada a una demanda en la que el señalado pidió la custodia de los hijos que tiene con Blanca.

El manejo que ha tenido este caso incluso llevó a que Blanca se manifestara en octubre pasado en Casa Jalisco, donde realizó una huelga de hambre.

Jalisco es uno de los estados que de manera permanente mantiene los primeros lugares de violencia contra las mujeres y hay que recordar que, aunque en la actual administración dejó de hablarse del tema, hay dos alertas de violencia de género activadas, una local y otra emitida por la Secretaría de Gobernación. Lo más terrible es que la actuación de las autoridades podría derivar en un incremento en la cifra oculta, ante el miedo que las víctimas podrían tener al denunciar.

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