Integridad académica e integridad pública

En el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, publicado en 2020, se plantea que “la corrupción es uno de los problemas más corrosivos de nuestro tiempo. Malgasta recursos públicos, amplía las desigualdades económicas y sociales, alimenta el descontento y la polarización política y reduce la confianza en las instituciones. Los enfoques tradicionales basados en la creación de más reglas, un cumplimiento más estricto y una aplicación más rigurosa de la ley han tenido una eficacia limitada. Una respuesta estratégica y sostenible a la corrupción debe ser la integridad pública”.

Traigo esto a cuento porque 2022 terminó con un escándalo mediático, debido al plagio académico que involucra a la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, quien se tituló como licenciada en derecho con una tesis que era una transcripción casi completa de una tesis anterior, según se ha podido constatar al revisar ambas. Y, de hecho, su asesora de tesis estuvo a cargo de supervisar varias otras que también son una transcripción casi completa de la original.

Este asunto es muy relevante porque en principio una tesis de licenciatura permite verificar si una persona adquirió los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer una profesión. Es claro que alguien que tiene los conocimientos no requiere de un título para ejercer una profesión, sin embargo, en México hay una veintena de carreras en las que por ley es indispensable contar con un título y cédula legales y legítimos, debido a la gravedad de las posibles consecuencias de un ejercicio profesional llevado a cabo por una persona que no está debidamente calificada para hacerlo, entre las que se encuentra la licenciatura en derecho.

La cuestión aquí es que tanto la ahora ministra, como su entonces asesora de tesis, incurrieron en una grave falta a la integridad académica, lo que ahora nos hace dudar, por un lado, de la capacidad de Esquivel para ejercer el derecho, al menos al inicio de su ejercicio profesional, y por otro, cuestiona su integridad, tanto personal como profesional, lo que es más grave tomando en cuenta que actualmente se desempeña como ministra de la SCJN, es decir, ella es una de las personas encargadas de garantizar en última instancia el respeto a la legalidad y el acceso a la justicia en nuestro país, pero ahora no podemos confiar en que así lo hará.

Lo peor del caso es que el presidente de México ha tratado de desviar falazmente la atención del asunto, atacando a quien hizo la denuncia, y al medio que le dio difusión. Y digo que es falaz, porque el hecho es que cualquier persona que sabe leer puede verificar por sí misma el plagio, independientemente de quién haya hecho público el asunto.

Por cierto, el escrutinio público, es decir, la verificación de la idoneidad y capacidad de una persona para ejercer un puesto público es un derecho y un deber de la ciudadanía, y una manera de fomentar la integridad pública, de manera que se premie a quienes tienen un buen desempeño poniendo sus capacidades al servicio de la sociedad.

En cambio, exculpar a quienes caen en actos de corrupción solo porque son incondicionales del poderoso en turno le hace daño a la sociedad, y manda el mensaje de que no es importante actuar correctamente, sino ser obediente y cómplice de la autoridad. Y a la larga, esto debilita a nuestras instituciones, porque deja en claro que el anhelo de recibir un trato justo y digno es una ilusión, y que solo sirve tener contento a quien manda, para que incline la balanza a nuestro favor, no importando si nos lo merecemos o no.

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