De la narrativa a la realidad

En las últimas semanas, comenzando el año, se han presentado algunos fenómenos que llaman la atención. Se trata de una banalización del peso institucional del Estado en la medida en que, más que el cuidado sobre el peso de las estructuras que deben generar certidumbre social, se ha recurrido a la narrativa más que a la investigación, cuidado y vigilancia que socialmente se requiere.

Dos eventos que ejemplifican esta situación comenzaron, desde el año pasado, con la falta de mantenimiento y atención que requiere un sistema de transporte como lo es el Metro de la Ciudad de México. Los constantes problemas técnicos que han cobrado varias vidas se han convertido en problemas de narrativa, es decir, de argumentación, pero no de atención técnica y presupuestal que requiere uno de los sistemas de transporte de mayor uso masivo en el país.

Los problemas que se han experimentado con la deficiente atención técnica y de recursos financieros para su sostenimiento se han incluso intentado resolver desde la narrativa, con la inclusión de la Guardia Nacional como factor de solución de los problemas que manifiestan una débil administración sin recursos presupuestales para sostener con prestancia y regularidad, un sistema que provee el gobierno y que requiere una atención especial por constituir la forma de traslado de miles de personas.

El principio que se enuncia es el de la austeridad que bien podría reorientar amplios recursos en proyectos como la refinería Dos Bocas o el tren maya para atender un asunto relevante como lo es el mantenimiento técnico de un sistema que, a mayor narrativa, buscando la seguridad, requiere, definitivamente, financiamiento regular y estable, sin necesidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en un sistema de transportación civil que nunca ha requerido de ese tipo de vigilancia.

De igual forma, hace unas semanas, dos mujeres interponiendo una demanda por violencia intrafamiliar encontraron la muerte en las mismas oficinas del Ministerio Público. La reacción de las autoridades fue de sorpresa y descontrol. Nuevamente, la narrativa hizo acto de presencia. El presunto culpable fue arrestado días después y se anunció con gran beneplácito de las autoridades la detención del presunto homicida.

La fragilidad institucional quedó puesta en evidencia al no tener la certidumbre de presencia institucional que forma parte del entramado de presencia y control del Estado al que los ciudadanos pueden recurrir, precisamente, para el funcionamiento de su vida social.

De acuerdo con los datos publicados por el Inegi, la percepción sobre seguridad en nuestro país ha tenido importantes retrocesos a lo largo de los últimos 10 años. En 2011 se tenía 69.5 por ciento en el país de sensación de inseguridad, en tanto que pasó a 75.9 por ciento en 2022. Por lo que toca a Jalisco, en los mismos años, 2011, 71.2 por ciento se sentía inseguro y, en 2022 pasó a 79.1.

En este momento, cuatro años de administración, federal y local, el recurso de responsabilizar a las anteriores administraciones queda sin efecto frente a la evaluación del desempeño de las políticas públicas que se han puesto en funcionamiento por las estructuras administrativas que gobiernan. Tampoco se trata de una curva de aprendizaje porque, en su defecto, entonces no hay capacidad de instalar un sistema de administración.

Nos acercamos a una constante confrontación entre realidad y narrativa. 2023 y 2024 serán años electorales y la atención emocional pasará del lado del espectáculo electoral, sin embargo, la realidad de la dimensión material y objetiva de desarrollo social seguirá apremiando en un escenario de profunda inflación y reacomodo internacional de la economía, de una necesidad de recuperar la certidumbre social, en un escenario complejo de disminución de presencia del Estado sustituido por una fuerte narrativa de una dimensión que no cuadra con la realidad.

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