Desarrollos Inmobiliarios sobre el río de muerte

La muerte de Miguel Ángel López Rocha, ocurrida hace 15 años, parecía ser el parteaguas para atender de manera integral la compleja situación que viven los pobladores de comunidades aledañas al río Santiago, especialmente en los municipios de El Salto y Juanacatlán. Lejos de eso, la contaminación se mantiene, los problemas de salud se agravan, las muertes siguen registrándose y, lo que es peor, aumenta el número de personas que se mudan a esa zona.

A lo largo de esos tres lustros, todos los gobernantes han emprendido acciones para el saneamiento y para proporcionar servicios de salud. La lista de políticos que han visitado la zona para ofrecer apoyos y comprometerse a resolver el problema es larga. Pero cada vez la situación empeora.

Ayer, organizaciones de la sociedad civil dieron un dato revelador: de 2008 a la fecha han muerto más de 2 mil 300 personas a causa de la contaminación del río, por diferentes problemas de salud.

La organización Un Salto de Vida ha mantenido durante unas dos décadas la lucha para que haya un saneamiento integral y real, pero también para que se repare el daño. Ellos han dejado en claro que la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales no es suficiente, porque apenas sirven para las descargas domiciliarias, mientras los desechos industriales siguen arrojándose al río. Y esos desechos, lo han dicho una y otra vez, son los que matan.

Los problemas de salud van desde infecciones de todo tipo, problemas en la piel, problemas respiratorios y hasta los más delicados como insuficiencia renal o cáncer. A la contaminación también hay que sumar la falta de servicios, entre ellos el de atención médica.

Pero todo eso ya lo sabemos, porque los habitantes y las organizaciones civiles han llevado un recuento puntual. Además, hay documentos que lo respaldan, como la macrorrecomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el estudio que se ocultó durante 10 años, elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que confirmó la presencia de metales en la sangre de 330 niños que viven en comunidades aledañas a la cuenca.

Lo que llama ahora la atención es la forma en que los centros habitacionales en la zona más contaminada han crecido en los últimos años. Esto, bajo el cobijo de los ayuntamientos que han autorizado nuevos fraccionamientos. Claro, todos ellos populares.

Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida, ha denunciado desde hace varios años este nuevo fenómeno, especialmente a partir de la construcción de los fraccionamientos El Mirador y las dos secciones de Las Lilas.

Los municipios han autorizado estos desarrollos inmobiliarios y otros asentamientos en esta zona altamente contaminada, con una importante presencia de casos de enfermedades renales y cáncer y sin servicios. No hay agua, no hay escuelas suficientes, el transporte público es deficiente y no hay servicios de salud para atender los múltiples problemas que la contaminación provoca.

¿Por qué la gente decide mudarse a esa zona a pesar de todo lo que se ha documentado que ahí sucede? Primero, porque esas son las únicas opciones que los trabajadores de menos ingresos tienen para acceder a una vivienda propia y, segundo, como ha denunciado Alan Carmona, porque las desarrolladoras inmobiliarias los engañan. Además, algunas de esas viviendas son financiadas por el Infonavit que, evidentemente no ha revisado los riesgos para los trabajadores y sus familias o, si los conoce, se ha hecho de la vista gorda.

Ante la crisis ambiental y la falta de servicios algunas de esas viviendas han ido desocupándose para sumar, a la multitud de problemas, el de la inseguridad y la presencia de delincuentes que van quedándose con esos espacios.

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