Cuando el pasado vuelve

Hace 46 años, en 1977, se promulgó la reforma política y electoral que dio inicio a la llamada transición mexicana a la democracia. La reforma de entonces fue conocida como la reforma Jesús Reyes Heroles, el entonces secretario de Gobernación que detonó una secuencia de cambios legislativos que de forma gradual sentaron las bases de un andamiaje electoral que a lo largo de los años dieron al país un sistema amplio para organizar elecciones con legalidad y transparencia.

Desde entonces México ha tenido varias reformas electorales entre 1977 y 2021. Algunas fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, otras requirieron sólo modificaciones legales: la de 2002 para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas, la de 2003 para elevar los requisitos para formar partidos políticos y la de 2005 para regular el voto de los mexicanos en el extranjero.

Las reformas de 2021 se propusieron para lograr la paridad y alternancia, la democracia interna e impedimentos para que postulen sentenciados en primera instancia y la regulación del financiamiento de partidos políticos.

La hegemonía política de un partido oficial, el PRI, durante buena parte del siglo 20 y de la exclusión que padecieron grupos políticos, activistas sociales y segmentos de la población, originó una obsesión de reformas que buscó siempre en el pluralismo como la meta principal que garantizara la democracia, y encontró en las reformas electorales la vía para conseguirlo.

La llamada transición permanente hacia la democracia, ha sido una suerte de ensayos de prueba y error en la que los partidos han ido ajustando las reglas del juego electoral según el contexto político, según la conveniencia de los partidos y según sus resultados.

El llamado plan B de la reforma electoral, este año de 2023, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ante el reclamo de la sociedad civil, veremos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve los procesos jurídicos que se han colocado para pedir la inconstitucionalidad de esta reforma, que se anticipa, algunos anticipan, será echada para atrás por atentar contra la Carta Magna.

Por lo pronto el INE entra en una de las mayores turbulencias desde que fue creado. Al leer las 300 páginas del plan B, tenemos el déjà vu, la sensación de algo que ya vivimos. El INE está siendo desmembrado por el plan B del presidente, y vienen los recuerdos de aquella época del partido único, la época en que el gobierno organizaba y controlaba las elecciones.

Las nuevas generaciones no conocieron la operación taquito, cuando los priistas metían tacos de votos en las urnas, ni la operación urna embarazada que, con la complicidad del presidente de casilla, al armarse la urna, ya tenía varios votos a favor del partido en el poder.

Pueden volver recargadas tanto la operación tamal, que consistía en que el partido les invitaba a comer tamales después de que hubieran votado por el candidato que les favorecía.

Los jóvenes que nacieron después de los 90, no tienen la sensación de que estamos regresando al tiempo del partido único y a la simulación de la democracia.

Los ciudadanos dudan de que el plan B pueda garantizar una democracia representativa y un órgano electoral confiable. Ningún presidente antes se atrevió a buscar imponerse sobre la pluralidad de los partidos. Todas las reformas fueron efecto de negociaciones complejas. La marcha ciudadana del 26 de febrero no tuvo como destinatario al presidente, sino a la Suprema Corte de Justicia; si falla, tendremos varios años o décadas de autoritarismo y represión.

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JB