El gran debate, ¿qué INE surgirá de la renovación directiva?

La renovación de la dirigencia del Instituto Nacional Electoral (INE) está en proceso y se están llevando los pasos que están previstos en la regulación institucional. Se han inscrito una cantidad importante de ciudadanos que se han postulado para formar parte del cuadro directivo de este importante órgano ciudadano organizador de los procesos electorales.

Intervenir o influir en los procesos electorales ha sido una tentación que no se ha logrado erradicar con los diferentes partidos que se encuentren en el poder, de forma que se incrementan las tensiones con el partido oficial (de cualquier color que sea desde 1996) y las fuerzas de oposición que han establecido, de forma progresiva, reglamentaciones que traten de solventar las diferencias producidas en cada uno de los procesos electorales. De esta forma, la intervención y arbitraje del INE constituye una confrontación entre partidos que regulan el funcionamiento de acuerdo con las experiencias particulares que cada partido extrae de cada elección.

En esta administración federal, las confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia del INE han tenido un tono extraordinariamente elevado. Sin embargo, la particularidad del proceso de renovación de cuadros y las disposiciones reglamentarias que las regulan no han logrado tener la presencia social y ciudadana que se requiere.

En primer término, el proyecto de reforma electoral que intentaba transformar súbita y unilateralmente, la estructura y organización del INE, no tuvo el éxito que suponían los analistas del Ejecutivo. De forma paulatina se comenzó a definir en el horizonte que la simpatía por el presidente, quien no ha bajado sus enormes cuotas de popularidad, no se traducen en simpatía por transformar el órgano institucional encargado de poner en funcionamiento los procedimientos electorales. Ante la negativa social del primer intento, se reformularon la estructura y se trató de establecer la influencia en áreas particulares de la legislación electoral, estableciendo un criterio base, la austeridad.

Sobre el punto de austeridad, no se genera una evaluación correcta de la estructura operativa del INE. Esto es, la atención se ha centrado, casi de manera exclusiva, en los exagerados salarios de la primera línea de dirección del instituto. Se trata, pues, de un punto que, en efecto, tiene importantes consensos sociales y ciudadanos. Lo anterior, implica una revisión de los excesivos salarios para ese nivel de operación del instituto. Extender, con el mismo criterio, el recorte presupuestal al INE reduciendo su capacidad de operación, formación, instalación de casillas, acercar el proceso electoral lo mayormente posible a comunidades tradicionalmente aisladas no está en el contenido de los salarios de los directivos. Con esto, la operación del INE se vería seriamente comprometida al no contar con los recursos para el procesamiento electoral ni con mantener, en su estructura, a personal ampliamente capacitado para poner en funciones las elecciones en nuestro país.

En estos días terminará el proceso de selección de postulantes en listas de cinco personas para ocupar los cargos que están en este momento en la conclusión de su periodo institucional. La búsqueda de objetividad en el proceso se ha visto contaminada por la intervención del partido en el poder, a través del Poder Ejecutivo, con el intento de reforma que minaría las capacidades funcionales del INE para la enorme elección concurrente de 2024. El gran debate no tiene que ver, exclusiva o directamente con los salarios directivos, sino con la capacidad de generar certidumbre en un proceso electoral que constituirá un poderoso ejercicio de mantener las estructuras que propone un partido. La reinstalación del secretario ejecutivo del INE plantea un escenario más judicial que propiamente electoral.

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