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En un informe especial publicado ayer sobre la situación que guarda el bosque La Primavera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) estableció propuestas a las diferentes autoridades locales y federales competentes para definir jurídicamente un área de amortiguamiento, actualizar el programa de manejo, reconocer los derechos de ejidatarios y propietarios y mejorar sustancialmente la justicia ambiental.
El texto, de 184 páginas, realizado por la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ, que preside Katya Rico Espinoza, hace un diagnóstico de los problemas identificados en esta área con decreto federal, aunque en coadministración con los gobiernos estatal y municipales, y señala una serie de proposiciones para mejorar su gestión.
Entre los planteamientos, a las dependencias federales directamente competentes de cumplir el decreto de protección, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), les pide la actualización del programa de manejo, que data del año 2000, y garantizar un amplio proceso de consulta y una constante revisión, en cuyo contexto “se identifiquen las posibles afectaciones de intereses y derechos de los pueblos de las diferentes modalidades que influyen en la propiedad dentro del polígono y se garantice la información y participación a los mismos”, así como a toda la sociedad civil.
Además, “en virtud de que el área protegida no cuenta con zona de amortiguamiento, lo que ha permitido la urbanización a su alrededor, (se pide que) con la participación pública se busque identificar una franja de amortiguamiento que permita consolidar la protección del derecho a gozar de un medio ambiente sano”, además de ponderar con base en el interés público “todas las solicitudes de cambio de uso de suelo que tengan relación con la interfaz urbano-forestal del bosque para garantizar la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”.
La CEDHJ también considera que los predios boscosos que se han quemado al exterior del polígono protegido deberían protegerse invariablemente con base en el artículo 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Además, ve necesario “que se realicen estudios de prospección geofísica, para determinar mantos freáticos, aguas atrapadas, cavernas e indicios a nivel subterráneo, que permitan identificar la fuente, trayectoria, magnitud y comportamiento de los hidrocarburos contaminantes que aún persisten…”.
Al titular de la Fiscalía del Estado le pide investigar los delitos en torno a las problemáticas que se presentan en el área protegida y la interfaz urbano-forestal, así como instruir a los agentes del Ministerio Público para la integración sólida de las investigaciones para sancionar los delitos.
Al Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera le solicita fortalecer proyectos de preservación donde participen ejidatarios y propietarios; ampliar los montos y conceptos de apoyos que permitan compensar su labor de conservación del bosque, y crecer su trabajo en temas como vigilancia, manejo de combustibles, sitios de protección de fauna silvestre.
Según el plan propuesto, el OPD tendría también trabajo afuera del polígono, en el área de restauración ambiental de El Tajo, y otros corredores biológicos protegidos hacia Tlajomulco, donde asesoraría proyectos de conservación y manejo de flora y fauna, así como a generar un modelo de uso del territorio en fraccionamientos contiguos al ANP.
Finalmente, establece que los Municipios que son parte de la zona protegida: Tlajomulco, Zapopan, Tala y El Arenal, además de coparticipar en las tareas del OPD, deben establecer estrategias de revisión, evaluación y en su caso actualización de los planes parciales de desarrollo urbano para garantizar que funcione la zona de amortiguamiento, así como llevar a la práctica “acciones, programas y políticas públicas tendentes a desincentivar la especulación de terrenos forestales, preferentemente forestales y/o agrícolas” colindantes al bosque.
jl/I