El niño y el agua sucia

Las instituciones que regulan la organización del Estado no son entes inmutables; por el contrario, están en continuo cambio dependiendo de los vaivenes políticos, de las condiciones del régimen imperante y de la voluntad de los involucrados en el régimen. Así, los arreglos institucionales en México se han visto en la necesidad de transformarse y plasmarse en enmiendas constitucionales. Así ocurrió cuando el contrato fundacional de la división de poderes se vio en la necesidad de expresar otras demandas de la sociedad política.

Los órganos constitucionales autónomos (OCA) son instituciones establecidas por la Constitución que poseen independencia funcional y autonomía para llevar a cabo tareas específicas. Su importancia radica en que actúan como contrapeso a los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Dado su carácter independiente, contribuyen a evitar la concentración excesiva de poder en una sola rama del gobierno y fortalecen la separación de poderes, un principio fundamental para la democracia.

También tiene otra función muy importante: proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a violaciones de los órganos del Estado, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): un organismo que debería cumplir un papel crucial en la defensa de los derechos civiles y humanos de los ciudadanos.

Otros cumplen funciones de regulación y fiscalización, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar condiciones equitativas y transparentes en diversas áreas. Lo mismo ocurre con el Banco de México (Banxico) que, gracias a su autonomía, toma decisiones sobre políticas monetarias y financieras para evitar que se incurra en decisiones políticas perjudiciales para la salud del sistema financiero mexicano.

Otra función de los OCA es contribuir con la accountability (responsabilidad política y rendición de cuentas) de todos los entes gubernamentales; como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ambas instituciones desempeñan un papel clave en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia.

En fin, los OCA desempeñan un papel esencial en el sistema político y democrático de México al proporcionar contrapesos, proteger derechos, regular sectores específicos y contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante señalar que su existencia fortalece la gobernabilidad y la salud de la democracia.

Sin embargo, la divisa del actual gobierno de la 4T ha sido la de intentar debilitar este entramado institucional bajo la consigna de “no sirven para nada, no le sirven al pueblo y tienen que desaparecer” (López Obrador dixit). En realidad, son un estorbo para la consumación de un poder hegemónico o, como dice Alfonso Zárate, “el país de un solo hombre”.

Algunos de los OCA han sido secuestrados por el Poder Ejecutivo (CNDH); otros se están dejando morir de inanición o falta de nominaciones en complicidad con el Congreso (más de 100 nombramientos pendientes), ya sea porque el grupo parlamentario de Morena se niega a designarlos o porque el presidente envía candidatos, no expertos, pero sí leales a su persona.

Si bien algunos OCA han tenido algunos excesos administrativos, es posible rescatarlos con reingeniería institucional e integrarlos con expertos en la materia; esto es, evitar tirar “el agua sucia con todo y niño”. La oposición puede trascender impidiendo la instauración de un nuevo régimen hegemónico.

X: @Ismaelortizbarb

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