¿Juicios políticos inútiles?

Parece que los juicios políticos, el recurso ciudadano para poder castigar a alguien que abusa de la ley o de su cargo, resultan inútiles porque difícilmente proceden, y no por falta de pruebas.

Como bien lo dice su nombre, al final la decisión recae en las negociaciones que se dan entre los partidos políticos a los que pertenecen los denunciados, y que se logran intercambiar las sanciones como cartitas al Niño Dios, sobre todo al final de la legislatura depurando la lista.

Es imposible no hablar de este tema cuando resulta que al analizar los juicios que se promovieron contra un ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa siguen pendientes, y ellos sin ser sancionados en dado caso que las pruebas hayan prosperado.

En el caso del ex magistrado Alberto Barba Gómez, hay dos juicios en su contra desde 2016, incluso los que los promovieron fueron los que eran alcaldes de Guadalajara, Enrique Alfaro, y de Zapopan, Pablo Lemus; ambos cambiaron ya de cargo, incluso van por otro diferente y todavía no se resuelven.

En este caso no se puede argumentar que no estaban correctamente integradas las peticiones, porque seguramente cuidaron todos los detalles legales para evitar resquicios legales donde pudieran evadir su responsabilidad, en el supuesto de que hayan dado autorizaciones indebidas para la construcción de edificios.

La posibilidad de ampararse para poder defender sus derechos es lo que ha propiciado que los vericuetos legales que usan los buenos abogados impidan una pronta resolución, y aquí han pasado ocho años sin poder analizar el fondo. Y seguramente podría pasar más tiempo.

Tan sólo por estos dos juicios se han presentado 14 amparos, que no se comparan con los que han promovido otros ex funcionarios como el ex secretario de Salud Antonio Cruces, quien también recurría a esta vía legal para evadir la justicia, aunque al final ésta lo alcanzó.

El caso del ex secretario de Salud lleva a reflexionar que si se cuida la ruta legal se encontrará el momento en que pueda prosperar la revisión del caso, pero en el Congreso local simplemente se deja pasar el tiempo y no hay mucho interés en tener pulcritud en la vía legal para defender estas solicitudes de juicio político.

En el caso de García Estrada, quien también es muy cuidadoso en lo que dice la ley, se dice que no había materia para ser sancionado, y que fue una decisión unilateral de los diputados locales al hacerlo para molestarlo, y al final la justicia le dio la razón.

Aquí llevan cinco años sin que el caso se resuelva y también producto de los amparos y revisiones que interponen ambas partes.

Tan sólo con estos dos ejemplos nos damos cuenta de que si hay un buen abogado, se tienen recursos económicos y el tiempo, se puede evadir la justicia en el sentido de prorrogar todo el tiempo que se pueda el estudio de fondo de los casos. Incluso puede propiciar que el tiempo lleve al olvido o no haya materia que resolver.

Si los diputados quieren mantener este juicio político como una herramienta del ciudadano para denunciar corrupciones o a los que toman malas decisiones deberían de buscar la forma de hacerlos accesibles y eficientes. Pero no lo han hecho y no les interesa.

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