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Tlaquepaque
Feminicidio
Los gobiernos municipales son el órden más vulnerable para ser infiltrados por el crimen organizado mediante la intervención violenta o con financiamiento de campañas, por lo que se debe legislar en el futuro próximo para evitar esta práctica, ya que el marco actual es limitado, sostuvo Armando Vargas, consultor senior de Integralia y autor del reporte de violencia política ‘Mapa de riesgos del crimen en las elecciones locales 2024’.
Afirmó que en este momento, febrero de 2024, las autoridades electorales, judiciales-electorales e instituciones de seguridad pública, carecen de las capacidades para contener de manera contundente la intervención del crimen, no solo en Jalisco, sino en otras regiones del país consideradas de alto riesgo.
Entre las conclusiones a las que llega este análisis, agregó el especialista, se identifican tres principales puntos: reconocer el problema; arrebatar las bases sociales y el financiamiento de grupos, y la posibilidad de establecer con claridad en las leyes las situaciones por las que una elección sea anulada ante indicios de intervención en cualquiera de sus modalidades.
Reconoció que esta guía que proponen es un proyecto que “no se puede implementar de la noche a la mañana”, pero es el camino “sensato” para corregir el rumbo.
Explicó que el estudio no es solo un recuento de incidentes de violencia política ocurridos en los últimos años y durante el actual proceso, sino que fue elaborado como una aproximación de los diferentes niveles de riesgo que existen ante una intervención real del crimen organizado.
Armando Vargas dijo que la intervención no solo es a través de agresiones, amenazas o asesinatos de funcionarios y candidatos, sino también mediante en el financiamiento a campañas, la imposición de candidatos y la movilización o división del voto, así como la clara intervención en las casillas.
Este mapa establece cinco niveles de riesgo, donde se identificó a seis entidades con un riesgo muy alto de intervención en las actuales elecciones que son Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chiapas y Morelos.
Con base en el trabajo de campo y gabinete que realizaron, el autor del estudio afirmó en entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios que el 80 por ciento de los municipios de Jalisco están controlados o disputados con grupos criminales, ubicando la entidad en el riesgo más alto de estas categorías.
El analista comentó que estos grupos tienen diversos motivos para interferir en las elecciones, ya sea para mantener hegemonía en una región, para extender su control y operar y sacar ventajas a otras organizaciones mediante el cobijo político.
A pesar de lo anterior, reconoció que con el marco jurídico actual no ve la “posibilidad real” de que se anulen elecciones por interferencia del crimen organizado, aunque prevé que sí lo hagan con algunas casillas o secciones por incidentes menores.
Dijo que con base en esta experiencia, después del 2 de junio las autoridades de los tres poderes deberán discutir leyes eficaces para evitar, identificar y sancionar el financiamiento ilícito de campañas por parte del crimen organizado.
jl