Denuncian que en el Juzgado de Chapala piden hasta 100 mil pesos de moche

El Colegio de Abogados de Jalisco denunció que el Juzgado Segundo Civil de Chapala opera bajo un sistema corrupto, pues cobra dinero a los abogados para la recepción de demandas y para la emisión de sentencias, las cuales pueden llegar a costar hasta 100 mil pesos.

El presidente del Colegio de Abogados, José Luis Tello Ramírez, explicó que, al momento de presentar una demanda, el secretario del juzgado pide mil 500 pesos por el turno del recurso. Si se desea que el asunto a tratar se quede en ese juzgado, la cuota sube 3 mil pesos.

Si se otorga el dinero referido, aseguró, la demanda se admite al día siguiente, pero si el moche no se da entonces la demanda puede tardar hasta 15 días.

En el caso de las sentencias, mencionó que el encargado de proyectos informa de supuestas anomalías en los expedientes que se pueden subsanar en el propio juzgado si se deposita una aportación desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos para asegurar que la sentencia les salga a favor.

“Eso propicia que las sentencias no sean dictadas en los tiempos y en los plazos como marca la ley a todo aquel que no paga esa corrupción. El asunto se tarda hasta ocho meses. La ley señala claramente que son 30 días para efectivos de emitir una sentencia, así como son siete días para notificar y dentro de tres días para emitir, cosa que no sucede y es letra muerta”, indicó.

También comentó que en el mismo juzgado se ofrece a los abogados litigantes participar en rifas y cada boleto cuesta mil pesos. “Para aquel abogado que tenga alguna audiencia o tenga alguna diligencia, pues lo obligan a comprar ese boleto, que queda registrado en una lista, pero no le dan el boleto. Dicen que es para comprarle el carro al juez”, explicó Tello Ramírez.

Las prácticas mencionadas, añadió, podrían considerarse abuso de autoridad, por lo que desde el colegio se busca que sean investigadas también por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), pero para ello necesitan que primero la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura emita la resolución respectiva.

“Para efectos de que se acompañe ese documento para poder ejercer la acción penal ante la Fiscalía Anticorrupción. Con la resolución es cuando la autoridad administrativa efectivamente dice que sí hay elementos y es cuando pedimos copia para la acción penal”, finalizó.

Este martes este medio publicó que de 461 procedimientos de responsabilidades administrativas (PRA) que se abrieron de enero de 2019 al 12 de julio de 2024 contra servidores públicos del Poder Judicial de Jalisco, sólo 289 se resolvieron; los 172 restantes siguen en trámite.

En lo que va del año ninguno de los asuntos ha sido concluido, mientras que de los 66 asuntos del año 2023, 54 siguen en trámite, nueve prescribieron o no se admitieron, dos quedaron en amonestaciones privadas y el restante implicó una falta grave que se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por un asunto que involucra al notificador adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Zapotlán el Grande.

Piden vigilantes y rapidez para sancionar abusos de jueces

Ante las sanciones mínimas contra jueces y la gran cantidad de tiempo que el Consejo de la Judicatura de Jalisco tarda en emitir sanciones, el Colegio de Abogados de Jalisco pidió que el organismo que se encargue de vigilar la labor sea autónomo y que resuelva de manera pronta y expedita.

En ese sentido, su presidente, José Luis Tello Ramírez, dijo que lo ideal sería que las personas que vigilen el actuar de los juzgadores fueran ciudadanos que no tuvieran compadrazgos ni familiares en el Poder Judicial.

“Ya basta de tanta corrupción e impunidad. La autonomía e independencia son para que los jueces trabajen y emitan sus resoluciones con probidad y ética, apegadas a derecho, no la autonomía para que pueda corromperse ni puedan hacer lo que deseen en el Tribunal”.

Tello pidió que se agilicen las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa y que esto se haga de manera transparente. Consideró que algunos malos funcionarios cometen los actos no porque desconozcan la norma, sino por corrupción. Ilse Martínez 

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