Ven positivo que Lemus acepte crisis de ausencias

Antier el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó una propuesta que entregó a las y los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) para realizar modificaciones a la Ley Orgánica del Ejecutivo y generar una reestructura de gobierno de cara a la próxima administración. En su discurso reconoció que Jalisco pasa por una crisis de desaparición de personas, algo que nunca aceptó Enrique Alfaro Ramírez, apuntó Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El especialista revisó la propuesta y enumeró cinco aciertos y cinco problemas. Entre los puntos positivos están, además del reconocimiento de la crisis, el buscar una fiscalía especializada, una base orgánica del sistema de búsqueda, la inteligencia en materia de seguridad y la policía estatal de caminos.

En contraparte, consideró que será un problema la burocratización a la que se someterá el proceso de búsqueda con la creación de una nueva secretaría en la materia. Además, no ve positivo quitar el nivel de organismo público descentralizado (OPD) al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y al C5, por más que se afirme que tendrán mayor presupuesto.

“El problema de las desapariciones en Jalisco tiene como trasfondo la corrupción, impunidad, ineficacia y complicidad de criminales y funcionarios públicos. La propuesta deja intacto este arreglo. No es una solución”, dijo.

Para Indira Navarro Lugo, representante de Guerreros Buscadores de Jalisco, no basta con crear y crear dependencias si éstas no operarán como deberían, por lo que hizo un llamado a que sean las instituciones que sean, trabajen como lo marcan las leyes y en favor de las familias.

“Está planteando meter una nueva secretaría aparte, (pero) no por eso va a dejar de existir la Comisión de Búsqueda y van a trabajar en conjunto. (Pedimos) que haya acciones inmediatas, de nada sirve que esté una secretaría si no va a ser funcional”, dijo en entrevista para InformativoNTR con Sonia Serrano Íñiguez.

Según datos oficiales, en Jalisco hay más de 15 mil personas desaparecidas.

Disputas entre cárteles generan desapariciones de inocentes

El Centro de Análisis e Investigación Fundar en conjunto con University Network for Human Rights presentó el informe Las desapariciones en México. Impunidad activa y obstáculos en materia de justicia y búsqueda, en el que identifica que en Jalisco la disputa entre cárteles ha dejado desapariciones de inocentes.

El documento especifica que Jalisco forma parte del llamado Corredor del Pacífico –también son parte de él Colima, Nayarit y Sinaloa–, zona en la que los grupos de la delincuencia organizada están en constante disputa por el control del territorio y en la que generan desapariciones aleatorias para demostrar su poderío.

“La región conocida como El Corredor del Pacífico se ha consolidado como una de las más peligrosas debido a la presencia de cárteles en disputa. En este contexto, estos grupos utilizan las desapariciones como estrategia deliberada para inculcar el miedo dentro de las poblaciones a fin de establecer y mantener el control territorial”, describe.

Este fue uno de los principales patrones geográficos que tiene México en cuanto a la incidencia de la desaparición de personas.

Además, recordaron que Jalisco fue señalado junto con Coahuila por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas como uno de los estados donde las ausencias también están vinculadas a los centros de rehabilitación, es decir, personas que son ingresadas por la fuerza a estos sitios y, posteriormente, su familia, al desconocer su paradero, interpone una denuncia o reporte por desaparición.

“Así, personas internadas en centros de rehabilitación también han desaparecido. En particular, en Coahuila y Jalisco se ha reportado un número considerable de presuntas desapariciones en dichas instituciones”. Lauro Rodríguez

Debilidades del sistema provocan impunidad

Fundar también señaló el nivel de impunidad casi total que hay en materia de desaparición de personas. Señaló una serie de situaciones que generan este contexto.

“En particular, entre los principales obstáculos que enfrentan las víctimas y los familiares de personas desaparecidas en su acceso a la justicia, se encuentran la ausencia de recursos y capacidades técnicas de las personas operadoras de justicia y de búsqueda; la falta o inadecuada coordinación entre autoridades; las dilaciones injustificadas en los procesos e inacción procesal; los obstáculos para la judicialización de los casos y la fragmentación de investigaciones; el inadecuado tratamiento a las familias, y la incapacidad del Estado para atender la crisis en materia forense”.

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