Crimen desaparece para obtener datos

En 2019 un grupo armado irrumpió, a plena luz del día, en una carpintería en El Salto. Iban en búsqueda del dueño del lugar. Al no encontrarlo, se llevaron a tres hombres que se encontraban trabajando en el sitio.

Los trasladaron a una casa de seguridad y con uso de violencia extrema buscaron que dieran información sobre el dueño del lugar, con quiénes se relacionaba y qué hacía. Por fortuna, los hombres fueron rescatados con vida por militares, aunque con lesiones.

Lo descrito es un ejemplo de cómo los grupos del crimen organizado desaparecen personas con el fin de obtener información sobre otras personas a las que buscan.

Un grupo de especialistas y periodistas que sigue la pista a los patrones de desaparición en Jalisco documentó una serie de hechos similares ocurridos en el estado y que retratan un modelo de desaparición múltiple o masiva, entre ellos uno ocurrido en Chapala en junio de 2020.

En ese entonces se registró la desaparición múltiple de jóvenes en distintos hechos, pero llevados a una misma casa de seguridad. Se presume que con uso de violencia extrema se les pidió informar sobre un vendedor de drogas fuera del círculo del grupo que perpetró las desapariciones. Por fortuna, la Fiscalía del Estado (FE) logró liberar a 8 jóvenes con vida en esa ocasión.

A dichas víctimas el grupo de especialistas y periodistas les catalogó como “informantes forzados”, pero no son las únicas, ya que también documentó “víctimas equivocadas” en la misma dinámica de desapariciones.

Uno de esos casos está enmarcado en una sentencia emitida en agosto de 2023. En ella se describe cómo un hombre fue desaparecido porque lo confundieron con otro de apodo El Bebé. En su testimonio la víctima mencionó que lo golpearon con una tabla en una casa donde estaba cautivo con la finalidad de que les confirmara que él era la persona a la que buscaban, pero al final fue liberado cuando otro grupo llegó con la persona a la que sí le apodaban El Bebé.

Dichas “confusiones” se generan porque “estos grupos actúan siguiendo instrucciones de jefes o cabecillas que no suelen participar en la privación de la libertad y delegan esa tarea en sus subordinados. En ciertos casos, esta separación entre quien ordena y ejecuta crea un problema singular de agente principal: quien actúa no conoce a las potenciales víctimas y quien sí las conoce no interviene directamente”, describe el documento liberado este miércoles por el grupo de investigación.

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