Administración de Alfaro abandonó la protección de defensores y periodistas

Desde 2018 a la fecha el Mecanismo Estatal para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sesionado sólo una vez y, al día de hoy, los integrantes de su Consejo Consultivo ni siquiera tienen certeza de que el ente siga existiendo, reconoció Pedro Gómez Limón, consejero presidente del consejo de este organismo.

Durante la presentación del informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, elaborado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU-DH) México, Gómez Limón hizo una crítica al desdén con el que la actual administración estatal manejó la protección a personas defensoras y periodistas.

“Desde finales de 2018 el panorama cambió drásticamente. En la actual gestión el Consejo Consultivo y el propio Mecanismo se encuentran en un limbo jurídico. En los últimos seis años nos han convocado una sola vez, no se ha elegido un nuevo consejo ni se nos ha notificado oficialmente si nuestras funciones cesaron. Esta situación refleja un problema más amplio y sintomático tanto a nivel federal como estatal”, dijo.

Y añadió: “Lo que sucede en Jalisco con el Consejo Consultivo es un ejemplo de abandono sistemático. El impacto de este limbo es aún más grave si consideramos las facultades que la ley otorga al Consejo, entre las más importantes se encuentran firmar recomendaciones al Mecanismo y otras instancias para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos”.

Todo esto, agregó, se traduce en que en los últimos seis años las personas defensoras y periodistas no contaron con un recurso fundamental en su defensa y protección como lo es el Consejo y el propio Mecanismo, por lo que es necesario que el próximo gobierno retome los trabajos de estos organismos.

Por su parte, la periodista Sonia Serrano Íñiguez señaló que este sexenio estuvo repleto de agresiones desde el gobierno estatal hacia los medios de comunicación y periodistas, las cuales tuvieron consecuencias como despidos y otro tipo de presiones, agresiones físicas e incluso una desaparición.

Las agresiones del Estado no sólo fueron directas de parte de funcionarios y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sino desde las redes sociales, donde se buscó denostar y minimizar los actos de violencia hacia la prensa.

En el sector de la defensoría de derechos humanos, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), recriminó el asesinato de al menos ocho personas defensoras y la impunidad que hay en sus casos.

Al analizar lo que ocurre no sólo en Jalisco, sino en México, Jesús Peña, representante de ONU DH, lamentó que en el informe encontraron que sí hay la capacidad para proteger y dar seguimiento a las denuncias de personas defensoras y periodistas, pero el problema que existe es la falta de voluntad de las autoridades.

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