Cuando el río suena…

En Jalisco existen 12 cárceles administradas por el gobierno estatal a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres), dependiente de la Secretaría de Seguridad; la población promedio del sistema penitenciario es de 13 mil 500 personas privadas de la libertad y a nivel nacional nuestro estado se encuentra en tercer lugar en población penitenciaria, por debajo del Estado de México y la Ciudad de México.

Existen problemáticas severas en el sistema penitenciario en el estado, tales como el hacinamiento, la falta de personal médico, de psicología, criminología, ginecología, psiquiatría, de seguridad y de custodia, que atienda a toda la población penitenciaria en sus necesidades básicas, particularmente en la elaboración de planes individualizados de reinserción.

Ante ello existen vulneraciones graves de derechos humanos a las personas privadas de libertad, a las familias, visitantes y en general a usuarios del sistema, aunado a ello coexisten situaciones propicias en la transgresión a los derechos fundamentales de las y los internos.

Durante la gestión del titular de Digpres se derivaron varios escándalos. El primero de ellos haber sido suspendido temporalmente en febrero de 2019 y misteriosamente restituido; también numerosos rumores, tales como la denuncia de mujeres privadas de la libertad que fueron excarceladas para llevarlas a convivir con internos del preventivo, custodias que fueron transgredidas sexualmente y que las presionaron para no presentar denuncia, la alarmante corrupción al cobrarles a las personas privadas de la libertad por gozar de determinados “beneficios” dentro de la cárcel; la llamada “comercializadora” que es la caja chica del titular y que ni ahora ni en otras administraciones se han reportado las ganancias a la Secretaría de Hacienda Pública estatal, así como la contratación por parte de Antonio Pérez Juárez de una mujer que estuvo privada de la libertad en la Comisaría de Reinserción Femenil acusada de fraude y que ahora ostenta un cargo directivo, así como de que Pérez Juárez sostiene una relación sentimental con una mujer privada de la libertad del femenil, así como la utilización del personal de mantenimiento y las herramientas de trabajo para la construcción de propiedades de Pérez Juárez, y el acoso laboral que ejerce en sus directores. A pesar de todo esto fue y ha sido respaldado por el secretario de Seguridad Pública y por el actual gobernador.

Lo más recientemente que se le ocurrió al todavía titular de Digpres fue la eliminación de uniformes a las mujeres privadas de la libertad, sin embargo, a días de implementar esta medida le ordenaron de Casa Jalisco imponer de nueva cuenta los uniformes, aunque ello represente vulnerar la progresividad de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

Ante la falta de mecanismos para supervisar el actuar de Pérez Juárez, tales como verificar su evolución patrimonial, el recurso procedente de la comercializadora y “tienditas”, y la ausencia de atención prioritaria y sistemática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resulta urgente que el gobernador electo ponga especial atención al sistema penitenciario, una agenda olvidada durante muchas administraciones.

*Doctora en Derecho

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