Plantean tope de rentas y sanciones a especulación inmobiliaria

Mariana Casillas Guerrero, diputada de Futuro, presentó cuatro iniciativas en torno a la vivienda en Jalisco, las cuales buscan disminuir la desigualdad y garantizar el derecho en la materia. Las propuestas serán presentadas en la sesión ordinaria del Congreso local proyectada para este miércoles.

Los planteamientos buscan fijar un tope de rentas que no supere la inflación proyectada por el Banco de México, así como un registro digital para conocer los costos por zona. Otra propuesta pretende que el Estado administre la producción de vivienda pública con arrendamiento asequible.

La diputada también planteó tipificar el delito de especulación inmobiliaria y la creación de una defensoría pública para inquilinos desalojados de forma injustificada.

En el caso de las rentas, la legisladora detalló que el objetivo es que en la renovación de contratos no pueda aumentar el precio ni supere la predicción de inflación del Banco de México.

“También buscamos un registro digital abierto para que todos los inquilinos podamos acceder a él y evitar abusos por zonas, porque al no tener información de cuánto cuestan las rentas en determinadas zonas hacen que existan rentas bastante abusivas o excesivas”, dijo.

A Casillas Guerrero se le preguntó si su propuesta de construcción de casas va de la mano del Programa de Vivienda para el Bienestar, el cual considera la edificación de casi 30 mil unidades habitacionales, a lo que respondió que buscará información sobre predios existentes para conocer las mejores opciones.  

La legisladora de Futuro subrayó que las iniciativas se presentan debido a que Jalisco enfrenta una crisis habitacional sin precedentes, en la cual miles de familias viven con el miedo de ser desplazadas de sus barrios.

“Queremos poner sobre la mesa soluciones concretas, para que el Congreso legisle para la gente”, destacó.

PLANTEAN PRISIÓN VS. ESPECULADORES

Futuro también planteó incluir en el artículo 253 del Código Penal de Jalisco, que es el capítulo que establece los delitos contra el Desarrollo Urbano, que se impongan de cuatro a 10 años de prisión y una multa de 200 a 500 por ciento de la ganancia obtenida a la persona que cometa el delito de especulación inmobiliaria.

Acerca de quién va a definir en cuáles casos hay especulación, Casillas Guerrero comentó que es un tipo penal innovador.

“Buscamos que esta iniciativa abra el debate de cómo podemos definir el cómo la especulación inmobiliaria afecta a nuestras comunidades de forma profunda y también reconocer que no es justo que en Jalisco haya personas sin hogar y a la vez tengamos casas vacías”, remarcó.

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