Víctimas y gobierno deben trabajar juntos

Las familias de desaparecidos que visitaron el Rancho Izaguirre esperaban obtener información que vinculara el lugar con sus seres queridos, pero se retiraron frustradas y enojadas, así lo externó Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En la conferencia de prensa del miércoles, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no proporcionó detalles sobre las acciones actuales en el caso, centrándose solamente en lo que no se hizo en el pasado, lo que ocasionó la precipitada visita al rancho ayer y provocó el descontento de los colectivos.

Cortez destacó la necesidad de un diálogo efectivo entre el gobierno federal y las familias de desaparecidos, quienes no han tenido la oportunidad de expresar sus preocupaciones. Además, criticó la falta de un programa nacional de búsqueda, a pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda alcanzó los 1,200 millones de pesos en el sexenio anterior sin resultados tangibles.

La ausencia de un plan claro y metas definidas por parte del gobierno es un obstáculo para lograr avances en la investigación.

El investigador también señaló que la Fiscalía General de la República debería proporcionar claridad sobre el estado de las investigaciones, pero ha fallado en este aspecto, lo que se traduce en una débil capacidad de investigación. La impunidad en las fiscalías es un problema crítico que requiere atención urgente.

Finalmente, Cortez advirtió que no se puede abordar la complejidad del delito de desaparición equiparándolo al secuestro, ya que esto sería un retroceso en la búsqueda de soluciones efectivas.

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