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El acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la Secretaría de Gobernación (Segob) para que el estado reanude el intercambio de información sobre personas desaparecidas tras tres años abandonado es considerado un avance, aunque insuficiente, según Jorge Ramírez Plascencia, miembro del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El especialista expresó preocupaciones sobre la consistencia y claridad de los datos que se incorporarán al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas , destacando que cerca de 15 mil registros de 2022 podrían haber quedado sin actualizar o sin incorporar tras el abandono del registro estatal.
Además, señaló sospechas de manipulación de datos y un estancamiento en la localización de personas desaparecidas, lo que genera dudas sobre la exactitud de las cifras oficiales, que actualmente reportan más de 15 mil 500 casos, con 322 reportes en marzo, de los cuales 200 serían nuevos, aunque podrían corresponder a datos previos no declarados.
Ramírez Plascencia criticó la falta de transparencia y acceso público a la información completa, lo que deja a la población en una posición de espectadores, dependiendo únicamente de publicaciones parciales de la Comisión de Búsqueda, sin detalles ni contactos para seguimiento, como en el caso de los tres jóvenes desaparecidos en Tlajomulco y estudiantes de la UdeG.
Aunque han existido conversaciones con autoridades estatales, no se han alcanzado acuerdos, y existe escepticismo hacia las propuestas de mesas de trabajo, consideradas insuficientes para abordar la crisis.
El especialista subrayó que, pese a un cambio en el estilo de liderazgo del gobernador, la situación de fondo permanece sin solución, lo que refuerza la reticencia a participar en iniciativas que no garanticen resultados concretos. “El gobernador no puede aparecer a decir que habrá mesas de trabajo cuando el problema sigue siendo el mismo”, explicó.
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